Pronunciamiento: Demandamos al Estado Peruano atender los derrames de petróleo y sus impactos

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El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH  demanda al Estado Peruano atender los recientes derrames de petróleo del Oleoducto Nor Peruano y sus impactos en el medio ambiente y ciudadanos

El 25 de enero de 2016 se produjo un derrame de petróleo en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, producto de una rotura en el tramo II del Oleoducto Nor Peruano operado por Petroperú S.A. Se derramaron casi 2,000 barriles que por las lluvias se esparcieron por todo el río Chiriaco, que es un importante afluente del río Marañón, afectando a ocho comunidades Awajun y casi 5000 personas.

Un nuevo  derrame se produjo el 03 de febrero de 2016 en territorio de la comunidad Wampis de Muyuriaga en la cuenca del Morona, provincia del Datem del Marañón, departamento de Loreto. El petróleo derramado a los cuerpos de agua es de casi 1,000 barriles. Este derrame ha afectado a diez comunidades y casi 3500 personas.

Desde el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas exigimos que las entidades estatales competentes (OEFA y OSINERGMIN) emitan las medidas oportunas, tanto de remediación como de prevención y, de ser necesario, se inicie el proceso de fiscalización y sanción correspondiente. Aunque cabe indicar que cierta normativa emitida por el actual Congreso de la República, como la ley Nº 30230, ha reducido significativamente la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

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Continúan las investigaciones por delito de tortura en agravio de Marco Arana

Al declarar fundada la nulidad de la providencia que declaró consentida su disposición fiscal que había decidido archivar la investigación
 
Primera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo concede recurso de queja contra disposición que archiva investigación por delito de tortura en agravio de Marco Antonio Arana Zegarra
 

marco aranaLa Primera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, mediante Disposición No. 09-2015, de fecha de 30 de diciembre de 2015, resolvió conceder el Recurso de Queja (Apelación), planteado por la defensa del agraviado Marco Antonio Arana Zegarra, contra la Disposición, emitida por dicha Fiscalía, que ordenó archivar la investigación por delito de tortura y otro que se sigue contra del General PNP(r) Raúl Salazar Salazar, General PNP (r) Abel Gamarra Malpartida y otros.

Cabe resaltar que la Disposición de archivo fue indebidamente declarada consentida por la Providencia No. 01-2015 y como tal, en principio, el caso se declaró cerrado. Sin embargo, ante la solicitud de nulidad de dicha providencia fiscal emitida en violación a la ley (porque la defensa del agraviado no había sido notificada), la Fiscalía decidió declararla nula dejando sin efecto el consentimiento.

Al mismo tiempo, dispuso se notifique correctamente y se abrió el plazo para interponer el recurso de queja, el mismo que fue planteado y respecto del cual ha resuelto que se conceda y se eleve la carpeta fiscal (expediente) a la Fiscalía Superior Penal de Apelaciones para que resuelva, en última instancia, el recurso de queja que cuestiona la Disposición Fiscal de archivo de la investigación por ignorar que existen elementos de prueba y de juicio suficientes que demuestran que Marco Arana fue víctima de tortura.

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Gobierno peruano busca reprimir la protesta social

Gobierno busca reprimir la protesta social aplicando figura legal de "asociación ilícita para delinquir", delito cuya pena puede ser superior a los 12 años.

DavidVelazcoRondon Fedepaz

Gobierno peruano impone ilegítimamente la figura legal de “asociación ilícita para delinquir” con el fin de contrarrestar las protestas sociales que surgen en el país que se oponen a proyectos extractivos. Así lo sostuvo David Velazco, abogado y director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ, durante la presentación del 17° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú - OCM, que presentan cada semestre las asociaciones CooperAcción, Fedepaz y Grufides.

Según explicó el abogado, la citada figura penal se viene aplicando contra personas o líderes sociales que se movilizan en el marco de la ley y que sienten que sus voces de reclamo no son escuchadas. “Lo que sucede es que ahora se está aplicando ilegítimamente (la figura de ‘asociación ilícita para delinquir’) para situaciones de conflictividad cuando antes no se hacía”, indicó.

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Fedepaz en Conversatorio sobre Criminalización de la Protesta y el Caso Majaz

Portada Libro Crim MajazEste 27 de noviembre, en la sede de Escuela para el Desarrollo tuvo lugar el Conversatorio sobre Criminalización de la Protesta y el Caso Majaz, a propósito de la reciente publicación de la sistematización de experiencia de litigio estratégico, desarrollada por Fedepaz en alianza con Oxfam. Este evento se realizó como actividad inaugural del curso Gestión de Conflictos sociales, del Diplomado Gestión del Cambio y Desarrollo Territorial de Escuela para el Desarrollo.

El panel estuvo conformado por David Velazco, Director de Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - Fedepaz; Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH; Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui y Miguel Lévano de Oxfam; con la moderación a cargo de Arnaldo Serna de Escuela para el Desarrollo. Los asistentes fueron alrededor de 20, fundamentalmente alumnas/os de dicho programa de estudios y algunos representantes de otras instituciones.

David Velazco inició la ronda de presentaciones con una síntesis de lo acontecido, desde el año 2003, en la Comunidad de Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba) y en la Comunidad de Yanta (provincia de Ayabaca), Región de Piura, donde se pretendía desarrollar el Proyecto Minero Río Blanco por la empresa Majaz S.A. (hoy llamada Río Blanco Copper S.A.) de propiedad de Monterrico Metals Plc del Reino Unido, la misma que, en el año 2007, fue adquirida por el consorcio Chino Zijin.

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