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se quiebra audiencia judicial en un proceso por el caso Las Bambas

SIN RESPETAR EL DERECHO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE, EL JUZGADO UNIPERSONAL DE COTABAMBAS DECIDE DAR POR QUEBRADO EL JUICIO ORAL SEGUIDO A 19 CAMPESINOS QUE, POR DEFENDER SUS DERECHOS FUNDAMENTALES AFECTADOS POR EL PROYECTO MINERO LAS BAMBAS, FUERON ACUSADOS FALSAMENTE DE COMETER DELITOS

El Primer Juzgado Unipersonal de Cotabambas – Tambobamba, de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, había programado para el día de hoy la continuación de la Audiencia del Juicio Oral, contra 19 campesinos perteneciente a comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas. Sin embargo, el nuevo Juez designado para el proceso consideró que no se podía continuar con la Audiencia, básicamente, porque fue nombrado la semana pasada y no había estado desde el inicio del Juicio Oral.

Al respecto, como ya es de conocimiento público los hechos, materia de este proceso, corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

Con relación a lo resuelto por el juzgado, consideramos que se trata de una decisión equivocada, porque si esa era su criterio debió de resolver con antelación el quiebre del proceso y no esperar que los 19 comuneros asistan a la Audiencia el día de hoy. Ello debido a que la mayoría de los comuneros, sino todos, son de escasos recursos económicos y, en muchos casos, se trasladan a pie, durante varias horas, desde sus comunidades que están muy alejadas de la ciudad de Tambobamba en la que se encuentra la sede del Juzgado.

Si bien en el modelo procesal penal aplicable al caso se prioriza la oralidad, el nuevo magistrado debió de actuar con un criterio que sin vulnerar la norma procesal, importe mayor consideración a los comuneros procesados que después de trasladarse a pie por varias horas llegan a una Audiencia que en realidad sólo dura unos minutos. Además, el juzgado debió tener en cuenta que esta era la cuarta vez que, en la práctica, se suspendía el Juicio Oral en el cual venían siendo procesados (una vez se suspendió por falta de notificación del juzgado y dos veces por responsabilidad de la fiscalía).

FEDEPAZ, que asume la defensa legal de una parte de los campesinos procesados, considera que esta conducta del nuevo magistrado llamado Exaltación Chicana importa la vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable (cuarta vez desde marzo que se había citado a juicio oral y éste se suspendía prácticamente sin ningún avance sustancial) que tiene toda persona procesada como el caso de los aquí referidos 19 campesinos.

En atención a ello, FEDEPAZ exige al Juzgado Unipersonal de Cotabambas – Tambobamba que tenga presente el gran esfuerzo que realizan los comuneros procesados para asistir puntualmente a las audiencias y el derecho de los mismos a ser procesados dentro de un plazo razonable, evitando suspensiones innecesarias de las Audiencias con la expedición de resoluciones justas y oportunas para no vulnerar el debido proceso y los derechos fundamentales de los campesinos antes referidos.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 3 de julio del 2019

Área de Prensa

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ

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Última actualización en Miércoles, 03 Julio 2019 14:27

Piura: Caso Río Blanco - Se acumula proceso a policías

  

Al resolver, en segunda y última instancia el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía y la defensa legal de los familiares de los asesinados y de los sobrevivientes heridos

 

SALA PENAL DE APELACIONES DE PIURA ORDENA ACUMULAR LOS DOS PROCESOS PENALES EN LOS QUE SE INVESTIGAN LOS ASESINATOS Y TENTATIVAS DE ASESINATO COMETIDOS POR EFECTIVOS POLICIALES EN CONTRA DE CAMPESINOS DE LA COMUNIDAD DE SEGUNDA Y CAJAS EN HUANCABAMBA, PIURA

Ante la apelación interpuesta por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura y la defensa legal de los familiares de las dos víctimas asesinadas y de las cinco víctimas que quedaron heridas, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura, en el expediente No. 0015-2018, resolvió declarar fundada dicha apelación y dispuso que se acumulen los dos expedientes signados con los Nos. 00007-2011-39-2003-JR-PE-01 y 00398-2016-2-2003-JR-PE-01.

Al respecto, como se recordará el 2 de diciembre de 2009, aproximadamente 35 efectivos policiales fuertemente armados, utilizando vehículos de la policía y de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (titular del proyecto minero Río Blanco) ingresaron arbitrariamente a las tierras de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas y dispararon contra una decena de campesinos que estaban protestando por ese ingreso arbitrario.

Como consecuencia de dicha brutal actuación de la policía, dos campesinos fueron asesinados con disparos de armas de fuego por la espalda (VICENTE ROMERO RAMIREZ Y CASTULO CORREA HUAYAMA), efectuados por los efectivos policiales; además, se salvaron de ser asesinados otros cinco campesinos (PALEMON TOCTO PEÑA, JOAQUIN RAMIREZ TOGAS, EULALIA ROMERO RAMIREZ, ROGELIO TOGAS TOGAS Y JOSE MARIA RAMIREZ) quienes quedaron gravemente heridos, incluso, a uno de ellos se le tuvo que amputar una de sus extremidades para salvarlo.

Ante la denuncia de estos graves hechos, efectuada por la defensa legal de las víctimas constituida por los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, la fiscalía decidió formalizar investigación preparatoria y formuló acusación por asesinato y tentativa de asesinato solicitando condenas de hasta 25 años de pena privativa de libertad contra dichos efectivos policiales.

El caso es que existían abiertas dos investigaciones y se formularon dos acusaciones por los mismos hechos, con las mismas víctimas, aunque con efectivos policiales distintos, pero que habían participado en los mismos hechos objeto de investigación (expedientes signados con los Nos. 00007-2011-39-2003-JR-PE-01 y 00398-2016-2-2003-JR-PE-01). Frente a ello, tanto la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabamba, como la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ, solicitaron al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria la acumulación de ambos expedientes seguido ante el mismo, con el fundamento de que tenían conexión: se investigaban los mismos hechos, aparecían los mismos agraviados, en ambos procesos, las mismas personas acusadas bajo el mismo tipo penal y, que para evitar sentencias contradictorias, como la norma procesal lo dispone, debían de acumularse necesariamente.

Sin embargo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, en contra del mandato de ley, resolvió declarar improcedente dicha solicitud de acumulación de los dos procesos penales. Frente a ello, la fiscalía y la defensa legal de las víctimas, interpusieron recurso de apelación, el mismo que acaba de ser resuelto en segunda y última instancia, declarándose fundada y disponiéndose la acumulación de procesos que se había solicitado.

Al respecto, FEDEPAZ considera que la acumulación de las dos investigaciones penales en un solo proceso judicial (Expediente No. 00007-2011-39-2003-JR-PE-01) constituye un gran paso en la lucha contra la impunidad en las violaciones de derechos humanos, evitando la posibilidad de sentencias contradictorias sobre un mismo crimen. Asimismo, se reafirma en la necesidad de que se haga justicia a las víctimas y sus familiares en este caso y se las repare de forma integral, así como se denuncie, investigue y sancione a todos los que han tenido responsabilidad en esta brutal agresión a los citados campesinos que no hicieron otra cosa que defender su derecho a la tierra.

Igualmente, FEDEPAZ expresa su satisfacción por el hecho de que las víctimas y sus familiares continúen firmes en el camino de obtener la sanción penal justa contra todos aquellos (policías, funcionarios y trabajadores de la empresa minera, etc.), que de una u otra forma, son responsables en los graves crímenes que cometieron en su contra.

Finalmente, FEDEPAZ reitera la necesidad de mejorar, de manera impostergable, los marcos normativos del sector minería en el sentido de que se establezcan condiciones adecuadas para que las empresas se vean realmente obligadas a respetar los derechos de las personas y especialmente de los pueblos indígenas; así como en la necesidad de revisar todo el conjunto de normas que criminalizan la libre expresión y la legítima protesta social. Por ello, exige a las autoridades concernidas a aprobar, sin más dilación, las normas que garanticen el respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país.

Con el ruego de su difusión

Lima, 21 de junio de 2019

 

Área de Prensa - Fedepaz

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Última actualización en Viernes, 21 Junio 2019 14:50

Apurímac: Caso Las Bambas - Audiencia suspendida

SE INSTALO AUDIENCIA DE JUICIO ORAL PERO FUE SUSPENDIDA NUEVAMENTE POR RESPONSABILIDAD DE LA FISCALIA POR FALTA DE PREPARACIÓN DE SU ALEGATO DE APERTURA DE ACUSACIÓN

Caso Las Bambas: La defensa accedió a tal pedido a fin que no se violente el derecho de los procesados a conocer los cargos en su contra y a ejercer su defensa

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas - Tambobamba de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, programó para el día de hoy, 22 de mayo de 2019 la instalación e inicio de Audiencia de juicio oral, contra 19 campesinos, dirigentes y miembros de comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes defendían derechos fundamentales de sus comunidades.

Como es de conocimiento público los hechos, materia de este proceso, corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

El Estado peruano y la empresa minera Minerals and Metals Group (MMG), denunciaron penalmente a los referidos campesinos a fin de inmovilizarlos y acabar las protestas, desconociendo de esta manera que de acuerdo con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, son defensores de derechos humanos. Después de más de 3 años de iniciado el proceso penal y de varias reprogramaciones imputables especialmente al Ministerio Público, la referida audiencia fue programada para este 22 de mayo.

En efecto, el día de hoy se procedió a instalar la audiencia, sin embargo, al presentar el Fiscal su alegato de apertura de acusación, y observarse la poca claridad de los argumentos de su acusación, el propio Fiscal solicitó la suspensión de la audiencia para preparar mejor su alegato acusatorio, a lo que el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas accedió

Consultada la defensa, señalamos que aceptábamos el pedido del Fiscal porque una acusación como la que estaba presentando el Ministerio Publico, sin ninguna claridad, totalmente confusa, viola el derecho del procesado de conocer con exactitud de qué se le acusa para asimismo conocer bien de que defenderse, haciendo notar a la judicatura que nuevamente por responsabilidad exclusiva de la fiscalía se suspende nuevamente la Audiencia.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 22 de mayo de 2019

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Última actualización en Miércoles, 22 Mayo 2019 14:13

Denuncia de Sociedad Civil

En Audiencia ante la CIDH solicitada por el estado peruano

SOCIEDAD CIVIL DENUNCIA QUE EL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES DEL ESTADO PERUANO ES INCOMPLETO Y SE VIENE EJECUTANDO CON DISCRIMINACION

Hoy se llevó a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Audiencia sobre la “Implementación del Plan de Reparaciones” solicitada por el Estado Peruano, como parte de su 172° periodo de sesiones, en Kingston, Jamaica.

La delegación del estado peruano estuvo liderada por Carlos Reaño Balarezo, mientras que la delegación de sociedad civil estuvo conformada por Ana María Vidal Carrasco, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y David Licurgo Velazco Rondón, Director Ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

Al haber solicitado la realziación de la Audiencia el Estado de Perú, sus representantes inicoaron su presnetación señalando que existía la mejor voluntad de Perú de cumplir con sus obligaciones internacionales respecto a la promoción y defensa de los derechos humanos en el país. Así señalaron que una manifestación de dicha actitud era la aprobación e implementación del Plan de Reparaciones a las víctimas del Conflicto en Perú entre los años 1980 y 2000.

Entonces, refirieron que se había implementado un registro de víctimas y que sobre la base del mismo se venía implementando una serie de reparaciones, sobre todo de tipo económico a las víctimas del referido conflicto, al igual que en temas de educación, salud, etc..

Al respecto, Ana María Vidal Carrasco expresó su preocupación sobre el cambio del discurso oficial del estado peruano al llamar Conflicto y no Conflicto Armado Interno a los sucesos violentos que se vivieron en el Perú entre los años 1980 y 2000. Señaló que ello evidenciaba un desconocimiento de lo que realmente ocurrió en el Perú. Asimismo, cuestionó que, por ejemplo, en el pago de reparaciones económicas a los familiares de las víctimas del conflicto armado interno, sólo se les reconociera un equivalente de US$ 140. 00 por persona y a los miembros del los Comités de Autodefensa la suma de US$ 13,000.00

Por su parte David Licurgo Velazco Rondón, precisó que el Plan Integral de Reparaciones, en realidad, no era integral porque no incluía el tema de justicia que no era otra cosa que el incumplimiento del compromiso del estado peruano de investigar las graves violaciones de derechos humanos que se dieron en el período de los años 1980 al 2000.

Igualmente, refirió que se evidenciaba la falta de voluntad política del estado peruano de investigar estas graves volaciones de derechos humanos, desde el momento que protegía a los efectivos militares acusados de estos hechos, al desmontaje   del sub-sistema judicial especializado en la investigación, procesamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos humanos, a la dilación indebida de los procesos judiciales en este tema (como los casos concoidos como El Fronton vs. Perú y, Cantoral Benavides vs. Perú que ya llevan más de 30 años pendiente de juzgamiento y sanción, en el primer caso y, más de 20 años en el segundo caso), el recorte de recursos para la investigación, juzgamiento y sanción de estos hechos, etc..

Asimismo denunció que existían miles de victimas o familiares de víctimas que no contaban con defensa legal proveida por el estado, contrariamente a lo que se había obligado a hacer.

En la replica, la representación del estado peruano señaló que la sociedad civil no estab cumpliendo con la obligación de rferirse a temas que si eran materia de la Audiencia; a lo que David Licurgo Velazco Rondón respondió que, más bien, lamentaba la actitud de la representación de estado porque con dicho argumento pretendía sustraerse a su obligación de dar respuesta a los cuestionamientos válidos de la sociedad civi y precisó que el denunciar que el Plan Integral de Reparaciones en realidad no era integral (porque no incluía los temas de justiciar) si tenia que ver con lo que era materia de debate de la Audiencia que se estaba desarrollando en ese momento.

Los Comisionados, por su parte, expresaron su sorpresa por el uso de la expresión “Conlicto” y no “Conflicto Armado Interno”, el trato discrimiantorio en las reparaciones de carácter económico y en la no inclusion del tema justicia en el Plan Integral de Reparaciones del estado de Perú, sin perjuicio de agradecer la buena disposición del Estado Peruano de intervenir en el debate de estos temas ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos.

Al respecto, FEDEPAZ expresa su gran preocupación, no solo porque se pretende ejecutar un plan de reparaciones que no es integral y que por el contrario es discrimantorio en muchos temas, sino porque, también no ha incluido el componente de justicia como uno de sus objetivos exigiendo que se modifique esta circunstancia en la ley que aprobó dicho Plan de Reparaciones.

Con el ruego de su difusión,

Lima, 10 de mayo de 2019

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Última actualización en Viernes, 10 Mayo 2019 17:12

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