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Apurímac: Caso Las Bambas - Audiencia suspendida

SE INSTALO AUDIENCIA DE JUICIO ORAL PERO FUE SUSPENDIDA NUEVAMENTE POR RESPONSABILIDAD DE LA FISCALIA POR FALTA DE PREPARACIÓN DE SU ALEGATO DE APERTURA DE ACUSACIÓN

Caso Las Bambas: La defensa accedió a tal pedido a fin que no se violente el derecho de los procesados a conocer los cargos en su contra y a ejercer su defensa

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas - Tambobamba de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, programó para el día de hoy, 22 de mayo de 2019 la instalación e inicio de Audiencia de juicio oral, contra 19 campesinos, dirigentes y miembros de comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes defendían derechos fundamentales de sus comunidades.

Como es de conocimiento público los hechos, materia de este proceso, corresponden al 25 de septiembre del 2015, fecha en la que las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, al no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Llegando esta situación a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

El Estado peruano y la empresa minera Minerals and Metals Group (MMG), denunciaron penalmente a los referidos campesinos a fin de inmovilizarlos y acabar las protestas, desconociendo de esta manera que de acuerdo con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, son defensores de derechos humanos. Después de más de 3 años de iniciado el proceso penal y de varias reprogramaciones imputables especialmente al Ministerio Público, la referida audiencia fue programada para este 22 de mayo.

En efecto, el día de hoy se procedió a instalar la audiencia, sin embargo, al presentar el Fiscal su alegato de apertura de acusación, y observarse la poca claridad de los argumentos de su acusación, el propio Fiscal solicitó la suspensión de la audiencia para preparar mejor su alegato acusatorio, a lo que el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas accedió

Consultada la defensa, señalamos que aceptábamos el pedido del Fiscal porque una acusación como la que estaba presentando el Ministerio Publico, sin ninguna claridad, totalmente confusa, viola el derecho del procesado de conocer con exactitud de qué se le acusa para asimismo conocer bien de que defenderse, haciendo notar a la judicatura que nuevamente por responsabilidad exclusiva de la fiscalía se suspende nuevamente la Audiencia.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 22 de mayo de 2019

Área de Prensa

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ

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Denuncia de Sociedad Civil

En Audiencia ante la CIDH solicitada por el estado peruano

SOCIEDAD CIVIL DENUNCIA QUE EL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES DEL ESTADO PERUANO ES INCOMPLETO Y SE VIENE EJECUTANDO CON DISCRIMINACION

Hoy se llevó a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Audiencia sobre la “Implementación del Plan de Reparaciones” solicitada por el Estado Peruano, como parte de su 172° periodo de sesiones, en Kingston, Jamaica.

La delegación del estado peruano estuvo liderada por Carlos Reaño Balarezo, mientras que la delegación de sociedad civil estuvo conformada por Ana María Vidal Carrasco, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y David Licurgo Velazco Rondón, Director Ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

Al haber solicitado la realziación de la Audiencia el Estado de Perú, sus representantes inicoaron su presnetación señalando que existía la mejor voluntad de Perú de cumplir con sus obligaciones internacionales respecto a la promoción y defensa de los derechos humanos en el país. Así señalaron que una manifestación de dicha actitud era la aprobación e implementación del Plan de Reparaciones a las víctimas del Conflicto en Perú entre los años 1980 y 2000.

Entonces, refirieron que se había implementado un registro de víctimas y que sobre la base del mismo se venía implementando una serie de reparaciones, sobre todo de tipo económico a las víctimas del referido conflicto, al igual que en temas de educación, salud, etc..

Al respecto, Ana María Vidal Carrasco expresó su preocupación sobre el cambio del discurso oficial del estado peruano al llamar Conflicto y no Conflicto Armado Interno a los sucesos violentos que se vivieron en el Perú entre los años 1980 y 2000. Señaló que ello evidenciaba un desconocimiento de lo que realmente ocurrió en el Perú. Asimismo, cuestionó que, por ejemplo, en el pago de reparaciones económicas a los familiares de las víctimas del conflicto armado interno, sólo se les reconociera un equivalente de US$ 140. 00 por persona y a los miembros del los Comités de Autodefensa la suma de US$ 13,000.00

Por su parte David Licurgo Velazco Rondón, precisó que el Plan Integral de Reparaciones, en realidad, no era integral porque no incluía el tema de justicia que no era otra cosa que el incumplimiento del compromiso del estado peruano de investigar las graves violaciones de derechos humanos que se dieron en el período de los años 1980 al 2000.

Igualmente, refirió que se evidenciaba la falta de voluntad política del estado peruano de investigar estas graves volaciones de derechos humanos, desde el momento que protegía a los efectivos militares acusados de estos hechos, al desmontaje   del sub-sistema judicial especializado en la investigación, procesamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos humanos, a la dilación indebida de los procesos judiciales en este tema (como los casos concoidos como El Fronton vs. Perú y, Cantoral Benavides vs. Perú que ya llevan más de 30 años pendiente de juzgamiento y sanción, en el primer caso y, más de 20 años en el segundo caso), el recorte de recursos para la investigación, juzgamiento y sanción de estos hechos, etc..

Asimismo denunció que existían miles de victimas o familiares de víctimas que no contaban con defensa legal proveida por el estado, contrariamente a lo que se había obligado a hacer.

En la replica, la representación del estado peruano señaló que la sociedad civil no estab cumpliendo con la obligación de rferirse a temas que si eran materia de la Audiencia; a lo que David Licurgo Velazco Rondón respondió que, más bien, lamentaba la actitud de la representación de estado porque con dicho argumento pretendía sustraerse a su obligación de dar respuesta a los cuestionamientos válidos de la sociedad civi y precisó que el denunciar que el Plan Integral de Reparaciones en realidad no era integral (porque no incluía los temas de justiciar) si tenia que ver con lo que era materia de debate de la Audiencia que se estaba desarrollando en ese momento.

Los Comisionados, por su parte, expresaron su sorpresa por el uso de la expresión “Conlicto” y no “Conflicto Armado Interno”, el trato discrimiantorio en las reparaciones de carácter económico y en la no inclusion del tema justicia en el Plan Integral de Reparaciones del estado de Perú, sin perjuicio de agradecer la buena disposición del Estado Peruano de intervenir en el debate de estos temas ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos.

Al respecto, FEDEPAZ expresa su gran preocupación, no solo porque se pretende ejecutar un plan de reparaciones que no es integral y que por el contrario es discrimantorio en muchos temas, sino porque, también no ha incluido el componente de justicia como uno de sus objetivos exigiendo que se modifique esta circunstancia en la ley que aprobó dicho Plan de Reparaciones.

Con el ruego de su difusión,

Lima, 10 de mayo de 2019

Área de Prensa

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MARCHA PACIFICA EN HUANCABAMBA

 

Frente al intento gubernamental y empresarial de imponer el proyecto minero Río Blanco

EN MULTITUDINARIA MARCHA COMUNIDADES CAMPESINAS, RONDAS CAMPESINAS Y DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA REITERAN SU DEFENSA DEL AMBIENTE Y DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES

Las rondas provinciales de Huancabamba, la comunidad campesina de Segunda y Cajas y diferentes organizaciones sociales de la provincia de Huancabamba, han participado de una Marcha multitudinaria el día de hoy, en defensa del medio ambiente, esto es, de la vida, agua, sus lagunas, flora, fauna, y de sus páramos andinos, contra el intento de la empresa Minera Río Blanco Cooper S.A. de imponer la ejecución del proyecto minero Río Blanco, ex Majaz, en sus territorios.

Se debe de recordar que las comunidades y rondas campesinas, así como diversas organizaciones sociales de base, ya desde hace varios años han venido reafirmando lo expresado en la Consulta Vecinal del año 2007 y en las distintas manifestaciones públicas y pacíficas realizadas desde entonces, en el sentido de rechazar a la actividad minera y, por el contrario, en favor de un desarrollo socio-económico basado en la agricultura, la ganadería, el turismo ecológico, etc..

Como se recordará el 16 de setiembre de 2007, el 97% de la población de Huancabamba y otras provincias se expresaron en una consulta vecinal en contra del desarrollo del proyecto minero Río Blanco y en favor del desarrollo de la agricultura, la ganadería, el turismo ecológico, etc.

Sin embargo, el estado en lugar de atender sus legítimas demandas socio-económicas, los reprimieron brutalmente e instrumentalizaron el derecho penal para generar arbitrarias persecuciones penales en contra de los integrantes de dichas comunidades y organizaciones sociales de base.

Ello, sin duda alguna, incrementó la situación de conflictividad social alrededor del intento de imponer el proyecto minero llamado Río Blanco, con un resultado fatal y lamentable de siete personas fallecidas (cuatro comuneros y tres trabajadores de la empresa); la criminalización masiva de centenares de comuneros, dirigentes, ronderos, asesores y autoridades locales que en su momento apoyaron a las comunidades en sus legítimas demandas sociales.

Por ello, resulta preocupante que a pesar de la posición de las comunidades y de las organizaciones sociales, la empresa minera Río Blanco Copper S.A., siga empleando diferentes estrategias indebidas para conseguir la licencia social, que claramente le ha sido negada por las comunidades, como el crear organizaciones paralelas, infiltrando sus organizaciones sociales, generando conflictos y divisionismo en ellas; o con la recolección de firmas a cambio de dádivas o dinero a través de sus “promotores”

Las comunidades, las rondas y sus organizaciones sociales han manifestado que la empresa minera Río Blanco Copper vulnera sus derechos fundamentales reconocidos y amparados en la Constitución Política del Perú, en la Ley 24656 – Ley General de Comunidades Campesinas, Ley 27908 – Ley de Rondas Campesinas, Ley 24657 – Ley de Tierras, Ley 29785 – Ley de Consulta previa; así como en otros instrumentos de protección internacional como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos

Por ello en su calidad de guardianes del ecosistema de páramos y bosques de neblina, de la provincia de Huancabamba, permanecen vigilantes, exigiendo al Estado y demás autoridades competentes que cumplan con su rol de garante del respeto a sus territorios y derechos colectivos, como corresponde a los valores y principios de un Estado democrático y pluricultural. No hacerlo es avalar el proceder ilegal y arbitrario de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. antes descrito.

En ese sentido, FEDEPAZ, como organización de derechos humanos que brinda asesoría legal y acompañamiento a las referidas comunidades campesinas, rondas campesinas y diversas organizaciones sociales, expresa su preocupación porqué el estado en lugar de atender las legítimas demandas sociales prioriza las opciones de fuerza como la represión y la criminalización de la protesta social en este caso y en otros lugares del país, equivocando su política de tratamiento de los conflictos sociales en evidente violación a los derechos fundamentales de las comunidades y de sus integrantes.

Con el ruego de su difusión,

Lima, 24 de abril de 2019

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Pronunciamiento de Comunidad Nativa de Supayaku

LA COMUNIDAD NATIVA DE SUPAYAKU Y SU ORGANIZACION SOCIAL ORFAC SE PRONUNCIAN FRENTE AL INTENTO DE  EMPRESA MINERA DE RE INGRESAR A LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO. 

 

 

PRONUNCIAMIENTO

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