Demanda de inconstitucionalidad contra Ley 30230 en el limbo

DavidVelasco FedepazNota publicada en Servindi.

Demora injustificada. La demanda de inconstitucionalidad que organizaciones indígenas y de derechos humanos presentaron a inicios del mes de abril contra la Ley 30230, llamada también ley del “paquetazo antiambiental”, no ha sido admitida a la fecha por el Tribunal Constitucional (TC). 

Así lo dio a conocer David Velazco, abogado miembro de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).

Como se recuerda, dicha demanda presentada ante el TC, con el expediente 00012-2015-AI, se impuso con las firmas del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, la organización amazónica AIDESEP y organizaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y diversas asociaciones y articulaciones afiliadas como la Red Muqui, entre otras.

Para el abogado de Fedepaz esta demora en la admisión de la demanda es “injustificada e irracional”. Explicó así que un paso de este tipo no puede tomarle al máximo tribunal del país tantos meses.

No descartó en ese sentido que exista una intencionalidad en dicha demora. Velazco informó que se tomarán medidas ante este retraso en el proceso de la demanda.

Los cuestionamientos a la Ley 30230, promulgada en julio del año pasado, son varios. La norma es considerada inconstitucional debido a que, sostienen sus detractores, viola el derecho fundamental al ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, derecho constituido en el artículo 2º, numeral 22 de la Constitución Política del Perú.

De igual modo porque limita la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Asimismo, facilita la entrega de tierras para proyectos de inversión atentando contra la seguridad territorial de las comunidades y los pueblos indígenas.

El Título III de la norma crea procedimientos especiales para entregar derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión –consistentes en la ampliación de la frontera agrícola, proyectos mineros, de hidrocarburos, forestales, agroindustriales, nuevos ejes viales, etc.–, “independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios”.

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