Gobierno peruano busca reprimir la protesta social

Gobierno busca reprimir la protesta social aplicando figura legal de "asociación ilícita para delinquir", delito cuya pena puede ser superior a los 12 años.

DavidVelazcoRondon Fedepaz

Gobierno peruano impone ilegítimamente la figura legal de “asociación ilícita para delinquir” con el fin de contrarrestar las protestas sociales que surgen en el país que se oponen a proyectos extractivos. Así lo sostuvo David Velazco, abogado y director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ, durante la presentación del 17° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú - OCM, que presentan cada semestre las asociaciones CooperAcción, Fedepaz y Grufides.

Según explicó el abogado, la citada figura penal se viene aplicando contra personas o líderes sociales que se movilizan en el marco de la ley y que sienten que sus voces de reclamo no son escuchadas. “Lo que sucede es que ahora se está aplicando ilegítimamente (la figura de ‘asociación ilícita para delinquir’) para situaciones de conflictividad cuando antes no se hacía”, indicó.

Al respecto, puntualizó que “ahora todo frente de defensa, toda organización que se genere alrededor de una posición, de una colectividad puede ser catalogada como una asociación ilícita para delinquir, y por lo tanto pasible de una sanción penal superior a los doce años”. Explicó que la hipótesis que manejan los que denuncian es que los frentes de defensa y organizaciones similares son criminales porque bloquean carreteras y protestan públicamente. Se cree entonces -otra vez, según la lógica de los denunciantes- que ellos “se unen para delinquir”. 

Velazco Rondón explicó que este mecanismo se está usando desde mayo de 2015, cuando resurge la conflictividad por el proyecto minero Tía María, en Arequipa. Recordó que por este caso están procesados todos los dirigentes sociales que se oponen al proyecto de la empresa Southern Perú. Ante ello, Velazco anunció que se tiene previsto presentar lo que está pasado, en una audiencia temática, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Los muertos y heridos del Gobierno

En otro momento el abogado señaló que en lo que va del gobierno de Ollanta Humala se han registrado cerca de 1700 heridos por conflictos sociales.Al respecto precisó que no existen procesos judiciales abiertos por estos casos, apenas la cuarta parte, unos 400 casos aproximadamente, contaron con investigaciones fiscales que terminaron todas en archivamiento. 

El abogado cuestionó los argumentos esgrimidos por las autoridades que señalan que no es posible establecer responsabilidades directas por las agresiones policiales que sufren quienes salen a las calles a protestar. Sobre este punto, el abogado explicó que sí es factible establecer competencias, “existen las pericias balísticas, las pericias físico-químicas, existen las declaraciones y existen también registros fotográficos y de video respecto a esas acciones”, precisó.De otro lado recordó que durante el gobierno de Humala, 51 personas han perdido la vida en el marco de los conflictos sociales.

Noticia publicada en Servindi.

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