Piura: Justicia para los campesinos que sufrieron tortura en el campamento minero de Río Blanco Copper S.A.

Juzgado de investigación preparatoria de Huancabamba, resolvió acumular los dos procesos penales en los que se investigan las torturas que sufrieron 28 campesinos, dentro del campamento minero de Rio Blanco Copper S.A. (Ex Majaz)

campesinos-detenidos-en-el-mataderoAnte la solicitud de los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- FEDEPAZ, quienes representan a las víctimas, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba resolvió acumular en un solo proceso (acumular el Expediente No. 201-2013 al Expediente No. 30-2011) las dos investigaciones penales seguidas contra 17 efectivos policiales, entre ellos dos generales, como responsables de los actos de tortura y secuestro agravado que sufrieron 28 campesinos que se oponían al desarrollo del proyecto minero Río Blanco por afectar sus derechos fundamentales.

Como se recordará entre los días 1 y 3 de agosto de 2005, 28 campesinos fueron torturados por quienes los mantenían cautivos, entre los que se encontraban efectivos de la Policía Nacional, funcionarios y trabajadores de Río Blanco Copper S.A. y de la empresa de seguridad privada Forza, hecho por el cual se iniciaron dos investigaciones penales.

Una seguida contra dos coroneles y otros doce miembros de la Policía Nacional del Perú, respecto de los cuales se ha formulado acusación fiscal solicitándose la imposición de 10 años de pena privativa de la libertad por considerarlos autores del Delito Contra la humanidad – Tortura. Otra seguida contra dos generales y un comandante de  la Policía Nacional del Perú, respecto de los cuales se ha formulado acusación fiscal solicitándose la imposición de 25 años de pena privativa de la libertad, por considerarlos autores del Delito contra la Humanidad – Tortura Agravada y del Delito contra la Libertad Personal – Secuestro Agravado.

A lo largo de la etapa de investigación preparatoria se ha evidenciado que los citados efectivos policiales aprovechando su condición de tales, causaron graves sufrimientos físicos y mentales a 28 campesinos con el objeto de castigarlos por su participación en la marcha de sacrificio pacífica, que realizaron los integrantes de diferentes comunidades campesinas de Piura y Cajamarca, que serían afectadas por el desarrollo del proyecto minero Río Blanco en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, siendo ello la razón por la cual se han formulado las acusaciones fiscales arriba citadas.

Al respecto, FEDEPAZ considera que la acumulación de las dos investigaciones penales en un solo proceso judicial (Expediente No. 30-2011) constituye un gran paso en la lucha contra la impunidad en las violaciones de derechos humanos y contra los crímenes de lesa humanidad, evitando la posibilidad de sentencias contradictorias sobre un mismo crimen. Asimismo, se reafirma en la necesidad de que se haga justicia a las víctimas en este caso y se las repare de forma integral, así como se denuncie, investigue y sancione a todos los que han tenido responsabilidad en esta brutal agresión a los citados campesinos que no hicieron otra cosa que ejercer su derecho a la protesta social, a defender su derecho a la tierra, a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, así como a elegir, legítimamente, su modelos de desarrollo local.

Igualmente, FEDEPAZ expresa su satisfacción por el hecho de las víctimas y sus familiares continúen firmes en el camino de obtener la sanción penal justa contra los policías, funcionarios y trabajadores de la empresa minera y de seguridad y todos aquellos que de una u otra forma, son responsables en los graves crímenes que cometieron en su contra.

Finalmente, FEDEPAZ reitera la necesidad de mejorar, de manera impostergable, los marcos normativos del sector minería en el sentido de que se establezcan condiciones adecuadas para que las empresas se vean realmente obligadas a respetar los derechos de las personas y especialmente de los pueblos indígenas; así como en la necesidad de revisar todo el conjunto de normas que criminalizan la libre expresión y la legítima protesta social. Por ello, exige a las autoridades concernidas a aprobar sin más dilación, las normas que garanticen el respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 30 de marzo de 2016.

Fotografía de la CNDDHH.

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