Liberan a dos agricultoras detenidas por protestar en Ica

SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES DE ICA ORDENA LA LIBERACIÓN DE 2 AGRICULTORAS DETENIDAS INJUSTAMENTE POR DEFENDER SU DERECHO AL AGUA

Se les imputó falsamente la autoría del delito de disturbios y violencia contra la autoridad durante la protesta social contra un proyecto del gobierno regional, que supone restar calidad y cantidad de agua para sus actividades agrícolas.

Después de escuchar los alegatos de la Fiscalía Superior de Ica que solicitaba se confirme la detención preventiva, y de los abogados de las detenidas, pertenecientes a la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ y a la Comisión de Derechos Humanos de Ica – CODEHICA, que solicitaban la revocación de la detención y su inmediata libertad; la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ica consideró que no existía peligro procesal de fuga, ni de perturbación a la actividad probatoria por parte de las detenidas, por lo que señaló que “será de justicia que se revoque la resolución impugnada en el extremo que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva (…) contra las imputadas Miriam Elizabeth Solís Robles y Sofía Clementina Mendoza Yañez y reformándose se dicte mandato de comparecencia (…), en consecuencia se DISPONE LA INMEDIATA LIBERTAD DE LAS IMPUTADAS”.

Cabe recordar que la detención de estas dos agricultoras se produjo en circunstancias que pobladores del distrito de Los Molinos protestaban, el pasado 11 de mayo, en forma pública y pacífica contra el desarrollo del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable para la Ciudad de Ica”, que en realidad supone restar en forma severa la calidad y cantidad de agua para las zonas agrícolas de Trapiche y Chavalina del distrito Los Molinos, para ser llevadas a sectores donde grandes empresas realizan agro-exportación, y no precisamente para mejorar el suministro de agua potable para los pobladores de la ciudad Ica. Protestaban porque no se había llevado a cabo el análisis y aprobación debida del Estudio de Impacto Ambiental - EIA, ni contaban con la licencia social respectiva, considerando que serían cientos de familias dedicadas a la agricultura las principales afectadas de este proyecto, por el cual no han sido consultadas.

FEDEPAZ, cuyos abogados patrocinan a Miriam Elizabeth Solís Robles, expresa su satisfacción por la resolución expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ica, que ordenó la inmediata libertad de las dos agricultoras detenidas, señalando que se ha acreditado judicialmente que las mismas no representan peligro procesal alguno para la investigación penal que se ha iniciado en su contra y, como tal, agregó que la resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria de Parcona - Ica, que dispuso la detención preventiva por cuatro meses contra ellas, no se encontraba justificada legalmente.

FEDEPAZ considera que la arbitraria detención dictada contra las referidas agricultoras, han sido posibles por la vigencia de normas que criminalizan el legítimo derecho de las comunidades rurales y urbanas de expresarse públicamente, y de protestar cuando sus legítimas demandas no son atendidas por el Estado. En ese sentido, exige a las autoridades del Gobierno del Perú que cumplan su compromiso asumido (en audiencias temáticas entre octubre 2011 y marzo 2015) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de promover la inmediata derogatoria de los decretos legislativos que criminalizan la protesta social, por violar tratados internacionales de derechos humanos de los cuales forma parte y por contravenir la propia Constitución Política del Perú.

Con el ruego de su difusión

Lima, 07 de junio de 2016.

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