¡Tantas veces Río Blanco!

Comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba denuncian que, sin consulta previa, el MEM[1] ha autorizado a la empresa minera Río Blanco reingresar a sus territorios

Miembros de las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas (Provincia de Huancabamba) y de Yanta (Provincia de Ayabaca) de la Región Piura, han denunciado que sin haberles consultado y en contra de su decisión de rechazo a la actividad minera, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros – DGAAM del Ministerio de Energía y Minas - MEM, aprobó el 14 de setiembre de 2016 la “Modificación de la Actualización del Plan de Rehabilitación del Proyecto de Exploración Minera Río Blanco”, mediante Resolución Directoral No. 274-2016-MEM-DGAAM.

Este Plan de Rehabilitación (y su modificación) no ha sido sometido a consulta por las autoridades del MEM, a pesar que sobre sus territorios comunales se otorgó la concesión minera y se ejecutaron actividades de exploración hasta el 2007. A inicios de ese mismo año, Río Blanco Copper S.A. solicitó autorización para la ampliación de sus actividades de exploración minera, solicitud que fue retirada por la propia empresa al no poder salvar las graves observaciones que existían en su solicitud y en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA, que por escrito hicieron llegar las comunidades afectadas.

Recordemos que el 16 de setiembre de 2007, las Comunidades Campesinas de Huancabamba y Ayabaca participaron de una Consulta Vecinal en la que el 97% rechazó la actividad minera en sus territorios. Aún con esta decisión expresa y sin consulta previa, a inicios del 2009 el MEM aprueba un Plan de Rehabilitación de los pasivos producidos por la exploración de Río Blanco Copper S.A, para ejecutarse entre julio de 2009 y julio de 2011, lo que causó nuevas preocupaciones al interior de las comunidades por verse obligadas a aceptar a la empresa que ya habían rechazado en forma mayoritaria.

Las actividades de rehabilitación culminaron en diciembre de 2010 cuando Río Blanco Copper S.A. desmontó su campamento minero. Fue entonces que las comunidades afectadas, que siempre respetaron normas y procedimientos, iniciaron un resembrado de árboles y vegetación propia del lugar. Después de casi 6 años de este retiro, llama la atención que el MEM apruebe un nuevo Plan de Rehabilitación y le permita ejecutarlo en 7 años, conociendo el abierto rechazo hacia la empresa y sin haber sometido a consulta dicho plan, hecho que lo vicia de nulidad.

Últimamente las comunidades han observado la presencia de efectivos militares y policiales en sus territorios, bajo el pretexto de instalar bases militares y/o policiales para supuestas actividades de defensa nacional y/o control de actividades ilícitas en la frontera, cuando en realidad se trataría de militarizar para facilitar las actividades a Río Blanco Copper S.A. y permitir la represión de quienes en defensa de sus derechos fundamentales, rechazan este proyecto minero.

Asimismo, estos pobladores denuncian que desde hace 14 días se observa la quema de árboles en los montes de diversos sectores de la provincia, como en los distritos de Carmen de la Frontera, Sondor y Sondorillo. Denuncian que se habrían quemado alrededor de 26 mil pinos, de los cuales 17 mil pertenecerían al Anexo de Salalá en Huancabamba.

Este desastre ambiental sobre el cual ninguna autoridad se ha manifestado para investigar y remediar, estaría vinculado a los intereses de Río Blanco Copper S.A. y obedecerían a una estrategia de la empresa para desprestigiar a las comunidades campesinas que se oponen al proyecto minero, hacerlas responsables de contaminación y atribuirlo a la minería ilegal en la zona. Algo que las comunidades rechazan y condenan por tratarse de prácticas delictivas que estarían generando un contexto favorable para el regreso de la empresa minera, mostrándola como aquella que cuenta con tecnología que no contamina, que crea miles de empleos, entre otras falsas afirmaciones.

De modo que, preocupa que estos hechos sean solo pretextos para preparar el reingreso de le empresa, más aún cuando ha señalado en un medio de comunicación que la fase de explotación iniciará en el 2021[2], lo que se vería confirmado con el reciente Convenio de Promoción del proyecto Minero Río Blanco, suscrito entre el Ministro de Energía y Minas y los Representantes Legales del Consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation,en el contexto de la APEC[3].

FEDEPAZ expresa su preocupación y rechaza que las autoridades gubernamentales otorguen autorizaciones a empresas mineras para volver a tierras de comunidades campesinas sin haberles consultado, como indica el Convenio 169 de la OIT y la Ley 29785 - Ley de Consulta del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, y cuando han expresado total rechazo a la actividad minera en sus territorios.

Alertamos a la opinión pública que ésta no es la mejor forma de abordar los conflictos socioambientales, ni lo es la actitud del actual gobierno de continuar ignorando la voluntad y decisión legítima de las comunidades campesinas para elegir sus propias formas desarrollo, insistiendo en imponerles decisiones gubernamentales bajo el uso abusivo de la fuerza, la militarización y criminalización, vulnerando sus derechos humanos y fundamentales.

Por ello, FEDEPAZ demanda a las autoridades gubernamentales a rectificar su conducta, a promover acciones y procedimientos que asignen a las empresas obligaciones, responsabilidades y sanciones en relación al respeto de los derechos fundamentales de las poblaciones afectadas por sus proyectos.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 21 de noviembre de 2016.

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[1] Ministerio de Energía y Minas.

[2]Infografía del artículo “Doce de 46 proyectos mineros enfrentan conflictos sociales”. Diario El Comercio, de echa 6 de noviembre de 2016, pág. 12.

[3] http://gestion.pe/empresas/renace-proyecto-rio-blanco-piura-mas-us-2500-millones-2175150

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