Presentación del 19° Reporte del OCM

19° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

OCM Diciembre Fedepaz

Lima, 14 de diciembre de 2016.- A las 9am y según lo programado se realizó la presentación del 19° Reporte del OCM, a cargo de CooperAcción, Fedepaz y Grufides, con la presencia de prensa regional, nacional e internacional, expectante al panorama sociopolítico relacionado con minería, ambiente y conflictividad social en el contexto de los 5 primeros meses del nuevo gobierno.

Por CooperAcción inició el evento José de Echave, ofreciendo una mirada general y evaluando el nuevo gobierno, resaltando que ha demostrado poca reacción y capacidad de respuesta ante la conflictividad social, y que en medio de una difícil situación económica, nos encontramos en un escenario de reactivación de conflictos sociales que a la fecha ya ha producido 4 muertes. En cuanto a la actividad minera señaló que se ha generado una disminución de concesiones mineras y, por el contrario, se ha incrementado la intensidad de los conflictos sociales.

La intervención por Grufides estuvo a cargo de Mirtha Vásquez, quien compartió su preocupación por la criminalización de dirigentes campesinos de Cajamarca y Amazonas, la persecución de miembros de Rondas Campesinas con denuncias por secuestros y otros delitos graves, por el hecho de administrar justicia conforme a la Constitución y la Ley de Rondas Campesinas, que viene de una lógica que no reconoce la facultad de administración de justicia de estas organizaciones. Asimismo, denunció que Yanacocha tenía un doble discurso frente al caso de Máxima Acuña de Chaupe, pues por un lado dicen querer dialogar y resolver sobre el Predio de Tragadero Grande que ella ocupa y, por otro lado la acosan, afectan física y psicológicamente, destruyendo sus sembríos y su vivienda. Vásquez demandó que Yanacocha exprese a ciencia cierta si desea el diálogo o es sólo un vano intento de justificación a sus arbitrariedades.

Por Fedepaz intervino David Velazco, quien reiteró que para el OCM es fundamental abordar la problemática de la criminalización de la protesta social, con seriedad y pleno respeto a los derechos humanos. Recordó que durante la campaña electoral, el actual gobierno incorporó en su plan la idea de dar un tratamiento distinto a los conflictos sociales, utilizando la persuasión.

Sin embargo, la política de criminalizar y frenar la protesta, priorizando el uso de la fuerza y la instrumentalización del derecho penal, continúa a través de acciones de represión brutal, lesionando y matando a defensores y defensoras (van 4 a manos de la policía); y de la aprobación de normas que criminalizan, como el Decreto Legislativo1245 (05/11/2016) por el cual se ha incrementado arbitrariamente las penas por hurto simple, robo agravado y daños, delitos que se suele imputar falsamente a quienes protestan.

Además, denunció la existencia de convenios de seguridad privada entre la Policía Nacional del Perú y las empresas privadas, un grave problema que se mantiene vigente y en la práctica supone la mercerización de la fuerza pública. Lo que implica una grave vulneración de los derechos humanos, en tanto con recursos públicos (uniforme, armas, autoridad pública, etc.) se llevaban a cabo acciones de represión contra quienes protestan, bajo la dirección de las Gerencias Generales o de Seguridad de las empresas a quienes brindan servicio, por ingentes sumas de dinero.

Velazco precisó que la conflictividad social en torno al proyecto minero Río Blanco, ha pasado de latente a activa porque, sin consultar a las comunidades campesinas afectadas (Convenio 169 de la OIT), el Ministerio de Energía y Minas - MEM ha aprobado la Modificación de la Actualización del Plan de Rehabilitación del Proyecto de Exploración Minera Río Blanco, mediante Resolución Directoral N° 274-2016-MEM-DGAAM, y le autorizó aplicar su propio Plan de Rehabilitación durante un plazo de 7 años y 10 meses.

Las comunidades campesinas afectadas están convencidas que esto es una estrategia de Río Blanco Copper S.A. para retornar a dichos territorios y, en forma velada y simultánea, solicitar la ampliación de actividades de exploración y/o explotación. Finalmente, recordó que dichas comunidades exigen que se respete su voluntad, expresada en la consulta vecinal del 16 de setiembre de 2007, donde un 97% votó por el retiro de la empresa minera.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 14 de diciembre de 2016.

Fotografía: Red Muqui.

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