Último Reporte del OCM Perú

PRESENTACIÓN

20° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM)

2017.07.19 OCMEl 19 de julio a las 9:00 a.m. se inició la presentación del 20° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), integrado por CooperAcción, Fedepaz y Grufides. El evento contó con la presencia de prensa regional, nacional e internacional, con interés y expectativa en el panorama sociopolítico relacionado a la actividad minera y los conflictos sociales alrededor de la misma.

José de Echave de Cooperacción proporcionó algunos datos a tomar en cuenta, previo a profundizar en el contenido del último reporte del OCM. Uno de ellos es que el Informe de Global Witness 2016[1] señala que se dieron al menos 200 (185 en 2015) asesinatos a personas defensoras de la tierra y el medioambiente en 24 países del mundo, el 60% de ellos corresponde a América Latina. A nivel nacional, indicó que la Defensoría del Pueblo reporta, entre 2006 y 2016, un saldo de 270 personas fallecidas y 4614 heridas en conflictos sociales, dato relevante considerando que el 60% de los conflictos registrados por dicha institución son de carácter socioambiental. Asimismo, la tendencia de conflictividad social es descendente, lo cual plantea dos interrogantes. En primer lugar, si se trata de una situación coyuntural o sostenida y, en segundo lugar, si se ha producido un cambio en la metodología de registro en la Defensoría del Pueblo.

Lo que queda claro, afirma De Echave, es que esto no se debe a ninguna nueva estrategia implementada por el gobierno; sino que se debería a una menor presión en los territorios, a los efectos e impactos del fenómeno del Niño Costero durante el primer semestre de 2017, entre otras multidimensionales aristas.

Mirtha Vásquez, directora de Grufides, compartió información y reflexiones acerca de la situación en Cajamarca, una región con altos niveles de presión social a raíz de los nefastos pasivos mineros que el Estado no ha atendido, a pesar de la permanente denuncia de las comunidades y organizaciones locales. Existe desconfianza y temor latentes por el proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha cuya extensión abarca 280 lagunas de la zona alto andina y cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no supone una garantía de protección ante cualquier afectación a la población de la provincia de San Pablo. Es más, el Tribunal Constitucional emitió sentencia favorable para Yanacocha, ante la demanda de amparo que esta interpuso contra dicho municipio provincial, por haber creado áreas de protección ambiental municipal incluyendo las referidas lagunas. A esto se suma la situación de criminalización, persecución judicial y campañas de difamación contra las personas defensoras del territorio, a quienes se señala abiertamente como enemigos del desarrollo, aumentando los riesgos para su integridad.

El director de Fedepaz, David Velazco, argumentó que los datos y el análisis ofrecido hasta el momento están directamente vinculados a una decisión política de tratar la conflictividad social desde el autoritarismo y un sistema normativo que lesiona gravemente los derechos fundamentales de las personas en contextos de conflictos socioambientales. Este gobierno, creó un Viceministerio de Gobernanza Territorial, para cuya dirección eligió a un ex funcionario de las empresas mineras Sulliden Shahuindo, Sulliden Perú y Río Alto, quien en el mes de abril declaró que la estrategia del gobierno para disminuir los conflictos sociales será la declaratoria de estado de emergencia en zonas de conflicto.

Este posicionamiento político, afirma Velazco, va de la mano de una clara instrumentalización del derecho penal y constitucional que ilustra con dos ejemplos. El primero, trata la modificación del art. 2 inciso 24 f del Código Penal a través de la Ley No. 30558, que incorpora un cuarto tipo penal para la detención preliminar de hasta por 15 días, el de “organización criminal”; generando que diversas personas defensoras que protestan en defensa de sus derechos fundamentales, puedan ser detenidas por la policía sin cargo penal alguno hasta por el referido plazo de 15 días, neutralizando sus protestas por el territorio y el medioambiente a base de procesos judiciales que luego de varios años se archivan por carecer de sustento judicial. El segundo ejemplo, trata del Decreto Legislativo No. 1095 por el cual se regula la utilización de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas; se hace referencia a que cualquier acto de protesta social podría ser calificado como acto hostil, supuesto en el cual puedan usar armas de guerra para reprimirlo; y que las “conductas ilícitas” de dicho personal militar serán competencia del Fuero Militar y no del fuero común como lo mandan los tratados internacionales de protección de derechos humanos y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú.

En este sentido, David Velazco de Fedepaz, hizo un llamado de atención ante la situación política y legal y denunció la grave situación de vulnerabilidad para la integridad y los derechos fundamentales de quienes defienden sus territorios y su derecho a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado y de una relación cultural especial con la naturaleza, como es el caso de las comunidades y organizaciones indígenas nativas, campesinas y ronderas.

Finalmente, la directora de Cooperacción, Ana Leyva, sostuvo que adicionalmente a los factores de análisis mencionados, se debe incorporar el de desregulación ambiental que viene desde el año 2013 con una serie de normas que, bajo la excusa de simplificar la tramitología, se han convertido en instrumentos para poner en riesgo la situación de los derechos colectivos de las poblaciones en las áreas de influencia de proyectos mineros a nivel nacional. El único decreto que ha sido derogado es el DL 1333, conocido como la “ley del despojo territorial” por su carácter facilitador en relación a la propiedad de predios y territorios que se requieran para proyectos de inversión priorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la mayoría de estos ubicados en comunidades campesinas y nativas, aunque también en poblaciones urbanas. Asimismo, Leyva señaló que los estándares para agua y aire han sido rebajados notablemente para facilitar proyectos de saneamiento y minería, poniendo en riesgo la salud de las personas y la calidad ambiental a la que todas y todos tenemos derecho. Por otro lado, el ordenamiento territorial general, luego de que el reglamento del Ministerio de Ambiente (MINAM) fuera modificado para restringir sus funciones al ordenamiento territorial ambiental, sigue careciendo de ente rector que dé continuidad a los procesos regionales y locales actualmente estancados. Es por ello que invitó a la prensa asistente a cuestionar y demandar procesos de diálogo y debate acerca de estas arbitrarias modificaciones.

El evento se desarrolló dentro de lo programado y la prensa reaccionó a través de dos rondas de preguntas que incidieron en precisiones específicas acerca de las regalías mineras y la tendencia a la baja de la conflictividad nacional. Cabe señalar que la información de los reportes del OCM proviene de las mismas zonas de conflictos mineros y de la relación directa con los actores por parte de las organizaciones miembros, como son Fedepaz, Cooperacción y Grufides.

Puede descargar el 20° Reporte del OCM aquí.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 19 de julio de 2017

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