Presentación del 21° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

NOTA DE PRENSA

Presentación del 21° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

IMG 0562 OCMEl miércoles 13 de diciembre de 2017 se presentó el 21° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), a cargo de las y los representantes de las instituciones que conforman dicho observatorio como son CooperAcción, Fedepaz y Grufides.

José de Echave, miembro de CooperAcción, inició el evento con un análisis del contexto nacional y una evaluación del 2017, indicando que éste ha sido marcado por una serie de hechos importantes como el Niño Costero; las huelgas de trabajadores de los sectores de educación, salud, minería; la persistencia de algunos conflictos sociales en torno a proyectos extractivos, entre otros.

De Echave señala también que, actualmente, un 14% del territorio nacional está concesionado. Luego de una caída estrepitosa de las exploraciones mineras, entre 2010 y 2015 (de un 15.1% a 5.9%), hacia el 2016 estas se han incrementado a un 10%. Y que este dato no deja de ser un indicador que refleja la incipiente recuperación del sector, sin embargo, de ninguna manera representaría un nuevo boom minero como un sector del empresariado quiere hacer creer.

En segundo lugar, intervino Mirtha Vásquez, directora de Grufides, quien precisó que en la región de Cajamarca existen conflictos socioambientales relacionados con reclamos de dos tipos. Por un lado, reclamos por los serios pasivos de contaminación ambiental, como los casos de Condebamba y Hualgayoc; por otro lado, reclamos por la expansión de proyectos mineros que incorporan el novedoso “Fondo de Adelanto Social”, con lo que se ha creado expectativa y a la vez conflicto al interior de las comunidades sobre quiénes serán beneficiados con dicha inversión.

Asimismo, Vásquez sostuvo que la represión de Yanacocha contra la familia de Máxima Acuña y la familia Pajares continúa, al punto de reproducir escenarios de violencia con disparos por parte de la policía, un grave panorama que revela la carencia de una política pública de tratamiento de los conflictos que ya existen y los que están por iniciarse.

La tercera intervención estuvo a cargo de David Velazco, director de Fedepaz, quien abordó la situación de criminalización que afecta a la población implicada en conflictos sociales relacionados con minería, a nivel nacional. Mencionó como ejemplo el caso de Ayabaca y Huancabamba, provincias de la región de Piura, en donde existe un gran número de campesinos y comuneros que han sido acusados por delitos de daños, lesiones, secuestro, usurpación y mal uso de los símbolos patrios. Esto, como respuesta a su rechazo y legítima protesta ante la imposición del proyecto minero Río Blanco en sus territorios.

Velazco explicó que dichas acusaciones han generado procesos judiciales, en los que Fedepaz les asesora y defiende legalmente, que requieren un conjunto de acciones y recursos que dichas comunidades no puede sostener. Asimismo, acotó, que no se debe perder de vista que la contratación de la policía nacional como seguridad privada de empresas mineras continúa, convirtiendo las fuerzas públicas en mercenarias, de las empresas que las contratan.

Finalmente, Ana Leyva, directora de CooperAcción, abordó el entramado de normas que se han generado para seguir flexibilizando los estándares de cuidado y conservación ambiental, así como debilitando a las instancias reguladoras y fiscalizadoras. Algunos de los ejemplos señalados son la ampliación para la formalización de la minería ilegal, la flexibilidad para proyectos de entre 20 y 40 plataformas que ya no requieren certificaciones ambientales, o que algunas obras pueden iniciarse sin tener autorización de exploración minera.

Leyva mencionó, también, algunos avances en el ámbito normativo, tales como la sanción inmediata por parte de la OEFA en caso de no cumplir con la medida correctiva, la creación de un registro de infractores, aunque éste solo dura un año, o las modificaciones en relación a la contaminación de suelos que han sido orientadas hacia la remediación. Adicionalmente, precisó que aunque existe una ley de cabeceras de cuencas, no hay ninguna declarada intangible, probablemente, por no estar claros los criterios para definir lo que es una cabecera de cuenca en nuestro país.

Inmediatamente tuvieron participación las y los periodistas presentes, quienes formularon preguntas con el objetivo de esclarecer o precisar la información ya presentada por los referidos especialistas, y profundizar en la capacidad de previsión o tratamiento de los conflictos latentes y los que se vienen, por parte del Estado peruano.

Fedepaz expresa su agradecimiento a los medios de comunicación escrita, radial, televisiva y virtual que acudieron a este evento, cuyo objetivo es proporcionar elementos técnicos y objetivos para un análisis coyuntural en relación a la conflictividad social, a la afectación de territorios y de derechos colectivos y humanos. Asimismo, expresa su satisfacción por el trabajo conjunto con cada una de las organizaciones aliadas que integran el OCM ya que, gracias a ello, es posible reportar semestralmente sobre esta relevante situación en el contexto peruano.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 14 de diciembre de 2017.

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