Consulta previa al pueblo awajún de Cajamarca

NOTA DE PRENSA

Comunidad awajún de Supayaku espera que el Poder Judicial ratifique la sentencia favorable a la protección de su derecho a la consulta previa 

35264920 1970019899675068 4779889869885276160 nEste 12 de junio de 2018 se llevó a cabo, en la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, la audiencia de vista de la causa por la apelación interpuesta por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), contra la sentencia (agosto de 2016) que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la comunidad indígena awajún de Supayaku, por haberse afectado su derecho a la consulta previa cuando se autorizó las actividades de exploración del proyecto minero “Yagku Entsa” de la empresa Águila Dorada SAC.

Durante la audiencia el magistrado que preside la Sala Civil autorizó a Albercio Bazán Jempekit, presidente de la Organización Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC) y representante de la comunidad awajún de Supayaku, para que realice el informe de hecho que había solicitado. Durante su exposición, Bazán dio cuenta de la situación geográfica de las comunidades awajún de la provincia de San Ignacio, en la región de Cajamarca y zona fronteriza con Ecuador.

Asimismo, explicó que una de las afectaciones más importantes fue la muerte de peces, durante la fase de exploración minera que Águila Dorada realizaba en la cabecera de cuenca del río Chirinos. Esto les obligó a dejar de pescar y comer pescado, incluso de realizar actividades alrededor del río, impactando seriamente en su alimentación, poniendo en riesgo su salud y generando un estado de miedo y tensión generalizada. Finalmente, Albercio Bazán invocó a la sociedad peruana a respetar a los pueblos originarios como ciudadanos peruanos que son, como también lo señaló a través de un medio de comunicación radial.

A su turno el abogado procurador del Ministerio de Energía y Minas (MEM), parte demandada, aludió a tres cuestiones para defender la apelación que había interpuesto. La primera, respecto a que una demanda de amparo no es el mecanismo idóneo para que esta comunidad defienda sus derechos supuestamente afectados. La segunda, que las operaciones mineras se realizan en territorios de la Comunidad de Naranjos y que Supayaku no es parte de la zona de influencia, por lo que cuestionó la sentencia que declaró fundada la demanda interpuesta por Supayaku, fundamentándose en que es comunidad colindante. Tercera, cuestionó la competencia de los órganos judiciales de Lima, señalando que los competentes son los de Cajamarca.

Al respecto, el abogado David Velazco, director ejecutivo de FEDEPAZ y abogado defensor de la comunidad de Supayaku, durante su informe técnico, contestó los tres cuestionamientos del procurador del MEM, señalando que, primero, para prever la inminente afectación de un derecho fundamental o para restablecerlo en caso que se haya vulnerado, no hay otra vía idónea que la demanda de amparo, por lo que correspondía recurrir a ella. Segundo, que si bien la concesión y la actividad minera del proyecto Yagku Entsa se sitúa en Naranjos, ambas comunidades awajún utilizan los recursos del mismo bosque y del mismo río en cuya cabecera se establecieron dichas operaciones, de manera que la salvaguarda de los aspectos ambientales, culturales y espirituales del pueblo awajún incluyen a ambas comunidades. Finalmente, señaló que la competencia judicial fue sustentada en razón que el acto lesivo cometido por el MEM, al emitir autorización para este proyecto minero inconsulto, se concretó en la ciudad de Lima, por lo que la competencia es de los tribunales ubicados en esta ciudad.

Al respecto, desde FEDEPAZ expresamos nuestra confianza en que la sentencia emitida en primera instancia, favorable a que se respete el derecho a la consulta previa de la Comunidad Nativa Awajún de Supayaku, sea ratificada por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, teniendo presente que se trata de un caso emblemático por ser la primera sentencia que declara fundada una demanda de amparo por violación al derecho a la consulta previa en actividades de minería metálica, siendo por ello un importante precedente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas del Perú, especialmente en materia del derecho a consulta previa, libre e informada protegido por el Convenio 169 de la OIT.

Con el ruego de su difusión,

Lima, 13 de junio de 2018

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