Apurímac: Defensores. Fiscalía vulnera el debido proceso

En relación a la protesta social contra el proyecto minero Las Bambas, de setiembre 2015

 Se instala la Audiencia de Control de Acusación y, a pedido de la Fiscalía, se suspende
con el irresponsable argumento de falta de conocimiento del proceso

IMG 20180816 WA0029chEl Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas - Tambobamba de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, programó para el 14 de agosto de 2018 la instalación e inicio de Audiencia de control de acusación contra 20 campesinos, dirigentes y miembros de comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas. Para ello, la Fiscalía ha solicitado entre 11 y 17 años de pena privativa de libertad, sin tener en cuenta que estos comuneros no cometieron delito, sino que defendían derechos fundamentales de sus comunidades.

Como se recordará, el 25 de septiembre de 2015, las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas, de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, principalmente, por no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas. Además, exigían que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Este evento llegó a su punto más álgido el 28 de septiembre, cuando la brutal represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

Injusta y arbitrariamente, en vano intento de frenar las protestas, el Estado y la empresa minera denunciaron penalmente a los referidos campesinos, quienes, conforme a los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, son defensores de derechos humanos.

Sin embargo, al cumplirse casi 3 años de iniciado el proceso penal, la referida audiencia (que el 30 de julio no se pudo instalar porque el fiscal alegó haberse quedado varado en la carretera) fue reprogramada para este 14 de agosto, fecha en que sólo llegó a instalarse porque, llegado el momento de dar inicio con la sustentación oral de la acusación, el fiscal solicitó que se suspenda, alegando “complejidad y desconocimiento del proceso” dado que el caso estaba a cargo de otro fiscal que se encontraba de vacaciones.

La defensa legal de los procesados expresó su extrañeza con tan irresponsable argumento, señalando que debía tenerse en cuenta que la fiscalía actúa como institución corporativa que, en el caso concreto de la Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho - Cotabambas, contaba con dos fiscales adjuntos y un titular que deberían distribuirse y apoyarse en todos los casos penales a su cargo, aún en ausencia de alguno de ellos.

Además, debió tenerse en cuenta que esta audiencia estaba programada con 14 días de anticipación, que los acusados son campesinos de escasos recursos y que dicha actitud significa violentar flagrantemente la ley procesal, que establece que las audiencias son inaplazables (salvo situaciones excepcionales), además, de actuar con indolencia frente al esfuerzo y sacrificio desplegado por los acusados para presentarse, aun viviendo en comunidades tan alejadas (algunos habían caminado 24 horas) de la capital de provincia y con las cuales no hay comunicación por carretera.

El Juzgado accedió al pedido de la fiscalía, no sin antes señalarle que su actitud no era propia de un actuar responsable y diligente con el cumplimiento de sus funciones como institución corporativa vinculada a la administración de justicia; por lo que le informó que no toleraría una nueva conducta de esa naturaleza, y le requirió que en la próxima audiencia le informe por escrito las razones por las que, en la primera audiencia, la fiscalía no asistió y por qué en este momento argumentaba no estar preparada para sustentar oralmente la acusación, bajo apercibimiento de ley. Se reprogramó la continuación de la audiencia para el 10 de setiembre de 2018.

FEDEPAZ exige que la Fiscalía asuma con responsabilidad su rol garante de la legalidad, según el mandato constitucional, y se abstenga de recurrir a argumentos cuestionables como una supuesta falta de conocimiento del proceso penal, para frustrar ilegalmente las diligencias judiciales y postergarlas en violación al debido proceso. Esta situación preocupa y evidencia un modo de actuar del Ministerio Público que encontramos en procesos judiciales de otras regiones, como en Piura, donde también se ha criminalizado a líderes y campesinos por su oposición al Proyecto Minero Río Blanco; o en el caso Tía María donde, con el mismo argumento, se ha frustrado la audiencia de control de acusación pese a su antelada programación.

Con el ruego de su difusión,

Lima, 16 de agosto de 2018

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