Arequipa: Se viola el derecho al debido proceso judicial

En el arbitrario proceso judicial contra los dirigentes de las protestas por el proyecto minero Tía María

Se suspende por cuarta vez la audiencia judicial y se viola el derecho al debido proceso

suspendidaPara el día de hoy 5 de septiembre del 2018, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, programó la instalación e inicio de Audiencia de control de acusación contra 26 dirigentes y miembros de comunidades afectadas por el proyecto minero Tía María (Arequipa), quienes participaron en las protestas del año 2015 y contra quienes la Fiscalía ha formulado acusación por asociación ilícita para delinquir, disturbios y otros; sin existir pruebas ni tener en cuenta que estos agricultores no cometieron delito, sino que ejercieron su legítima defensa de derechos fundamentales como el de propiedad de la tierra, a desarrollar principalmente la actividad agrícola y a decidir su propio modelo de desarrollo.

Es sumamente preocupante, ya que es la cuarta oportunidad en que se suspende dicha diligencia, violando así el principio de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable. En efecto, el 9 de mayo se suspendió a pedido de la Fiscal, quien señaló que no habían condiciones necesarias de seguridad; el 13 de junio se volvió a suspender porque era el cumpleaños de la jueza a cargo del caso; el 4 de julio nuevamente se suspendió a pedido del fiscal, quien señaló que no podía efectuar la sustentación oral de la acusación por la complejidad y desconocimiento del proceso dado que el caso estaba a cargo de otro fiscal que se encontraba de vacaciones; hoy, 5 de septiembre, se vuelve a suspender la audiencia debido a que el especialista legal (responsable de las notificaciones) no ha cumplido con notificar a uno de los imputados, hecho grave puesto que no tiene defensa apersonada al proceso porque, de llevarse a cabo la audiencia, ello implicaría una violación del debido proceso, a su derecho de defensa, lo cual podría acarrear posteriores nulidades.

Es muy grave, en tanto esta diligencia estuvo programada desde el 4 de julio, fecha en que se suspendió por tercera vez, tiempo por demás suficiente para que se notifique adecuadamente a todas las partes. Esta irregular situación, constituida por cuatro suspensiones de audiencia durante cinco meses, nos lleva a preguntarnos qué se pretende con ello, puesto que no solo trae perjuicios económicos al órgano jurisdiccional sino también a los imputados, que deben dejar de trabajar para movilizarse hasta la ciudad, todo para que por razones totalmente injustificadas se suspenda la diligencia, ¿se busca acaso que los imputados se cansen?, ¿que dejen de asistir y, entonces, aplicarles apremios e incluso órdenes de detención?, o simplemente ¿que el proceso se dilate para tener una espada de Damocles sobre ellos?

Esta reiterada actitud del órgano jurisdiccional implica violentar flagrantemente la ley procesal, que establece que las audiencias son inaplazables (salvo situaciones excepcionales), además, de actuar con indiferencia frente al esfuerzo y sacrificio desplegado por los acusados para presentarse puntualmente, aun viviendo en comunidades tan alejadas. Esta situación evidencia un modo de actuar por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial, pues también las encontramos en procesos judiciales en Piura, por ejemplo, donde también se ha criminalizado a líderes y campesinos por su oposición al Proyecto Minero Río Blanco; o en Apurímac, por el conflicto generado alrededor del proyecto minero Las Bambas.

FEDEPAZ exige al juzgado que asuma con responsabilidad su rol de administrar justicia con respeto al debido proceso, y a la fiscalía que cumpla su rol garante de la legalidad, según el mandato constitucional, y se abstengan de recurrir a argumentos cuestionables para frustrar ilegalmente las diligencias judiciales y postergarlas violando los principios del debido proceso.

Con el ruego de su difusión,

Lima, 5 de septiembre de 2018

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