CIDH Audiencias l 169 Periodo de sesiones

Sociedad civil denuncia ante la CIDH, el uso irregular de las Fuerzas Policiales en las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en Perú

18.10.01 CIDH 169 Seguridad Foto Mirtha Vasquez bchHoy se llevó a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la audiencia “Seguridad ciudadana y denuncias de uso irregular de fuerzas policiales en las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en Perú”, como parte de su 169° periodo de sesiones, en Colorado (EEUU).

La delegación de sociedad civil estuvo conformada por representantes de las organizaciones: Derechos Humanos sin Fronteras Cusco (DHSF), Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Red de Propuesta y Acción (RED MUQUI) y Fundación para el Debido Proceso (DPLF); quienes aportaron información sobre el marco normativo que avala el uso de las fuerzas públicas del orden para dar servicios de seguridad privada a empresas mineras, las principales vulneraciones de derechos de las comunidades de influencia minera (casos Yanacocha y Las Bambas), y los mecanismos utilizados para la defensa de los derechos vulnerados ante el Estado peruano.

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David Velazco, director de FEDEPAZ, señaló en su intervención que la Ley 27238 - Ley orgánica de la Policía Nacional del Perú (PNP) establece la posibilidad de que las Fuerzas Policiales suscriban contratos para ofrecer servicios de seguridad privada a empresas privadas en general y a empresas del sector minero extractivo e hidrocarburos, en particular. Posteriormente, se dio la Ley 28857 y el Decreto Legislativo (DL) 1148 que regula que esta posibilidad se dé de manera “excepcional”.

Asimismo, expuso que con normas posteriores (DL 1213, 1230) se estableció de nuevo dicha posibilidad, a pesar de que las acciones de incidencia y protesta desde sociedad civil señalaban que, dichos convenios y contratos, violan la Constitución Política del Perú y la Convención Americana de Derechos Humanos. En la práctica, esto se expresa en graves vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas y comunidades, por parte de empresas que solicitaron servicios de seguridad privada a la PNP. El reclamo masivo a causa de mercenerizar la fuerza pública y utilizar recursos públicos (uniforme, logística, armamento, autoridad) en favor de intereses privados y en desmedro de los intereses de las comunidades, no fue escuchado.

Velazco señaló que, adicionalmente, se ha creado una suerte de categoría para “bienes o activos críticos nacionales”, o lo que señalan como intereses que tiene el país en cuanto a instalaciones e infraestructura que, entre otras cosas, sirven para la explotación de recursos naturales. Para luego poder normar la protección de dichos intereses a través del uso de la fuerza pública, ya no solo de la fuerza policial sino también de las fuerzas militares. Por lo tanto, no cabe duda que contamos con un sistema normativo dirigido a vulnerar derechos fundamentales, en la lógica ciega de implementación de una política económica sin planificación ni fiscalización.

El Estado peruano intervino, en alusión a lo manifestado por la sociedad civil, para precisar de manera básica los datos sobre el número de convenios (2) con empresas mineras (Quechua, Las Bambas) en Espinar (Cusco), y algunas cláusulas alusivas a los convenios que, en resumen, señalan que la empresa no tiene poder de dirección alguno sobre los agentes policiales que les presta servicios y que por ningún motivo se interpretará que dicho personal es agente o socio de dichas empresas.

Enseguida las y los comisionados presentaron apreciaciones y consultas al Estado Peruano. El comisionado Luis Vargas preguntó ¿Cómo resuelve la PNP un conflicto social si atiende a dos señores (comando policial y gerente de empresa), si la población está en medio y existe la posibilidad de represión contra ella en ejercicio de su mandato?

La comisionada Flavia Povesan anotó tres dimensiones en esta problemática: la naturaleza de fuerzas públicas, el rol de las empresas y las víctimas y pueblos afectados por proyectos mineros. Señaló que, si las normas internas permiten de manera extraordinaria los servicios de seguridad privada a empresas ¿Cuál es el alcance de esta excepcionalidad? Sería una desnaturalización de la función pública ya que existe un pago y una relación de las fuerzas policiales con la empresa, lo cual afecta la racionalidad del marco constitucional.

Asimismo, la comisionada Soledad García consultó ¿Cómo el enfoque basado en derechos toma en cuenta el momento y forma de actuar en casos de impacto sobre poblaciones? Indicó que se trata de un conflicto de intereses inevitable ante el servicio de la PNP a la empresa privada ¿Cómo se compatibiliza con la debida diligencia el tener personal PNP asignado a las mismas? ¿Y los derechos laborales de la PNP? Si estos servicios se brindan en periodo de vacaciones, resulta incompatible con sus derechos laborales.

Ante esto, el Procurador Público peruano respondió que no tenían información completa ni detallada de varios de los aspectos cuestionados, y que hay temas que exceden sus competencias en dicha audiencia. Sin embargo, reiteró las clausulas de los convenios que señalan que la PNP no tiene relación laboral con la empresa que contrata sus servicios y que debe obedecer a sus autoridades. También señaló que usan su uniforme y equipamiento de regla, precisamente, porque no son personal de la empresa. Y que, al firmar un convenio de seguridad privada, las empresas se comprometen a contratar un seguro por muerte o accidentes para los efectivos policiales, ya que estos pueden ser agredidos; y que ya quisiera que dichos agentes no trabajen en su tiempo libre pero así es la realidad peruana. La información faltante ofreció enviarla posteriormente.

En los últimos minutos asignados a la sociedad Civil, sus representantes puntualizaron en que no ha habido ninguna acción o respuesta en relación a los casos presentados (Yanacocha y Bambas); y que la información de los convenios suscritos con estas empresas no ha sido pública sino hasta hace poco, prueba de ello es que el Estado tardó 2 años en proporcionarles copias de los mismos, por considerarla información confidencial.

Finalmente, en esa última ronda, David Velazco reiteró que las organizaciones presentes plantean una realidad concreta que supone la vulneración de derechos amparados por la Constitución Política del Perú y la Convención Americana de Derechos Humanos, de manera que, no hay nada en lo expresado que rebase el objeto de dicha audiencia. Asimismo, lamentó las expresiones del procurador público quien acepta que la PNP recibe un estipendio por sus servicios privados, pero luego dice que esto no es privado. Si bien el Estado citó el carácter de excepcionalidad de los convenios y la conducción de funciones policiales por parte de la PNP y no de las empresas, es una suerte de saludo a la bandera decir que la PNP no responde a la empresa, cuando ésta es quien les paga.

FEDEPAZ expresa su gran preocupación, no solo porque se pretende mercenerizar las fuerzas públicas del orden, al servicio de la empresa privada, sino también por la frágil acción y respuesta del Estado peruano ante un problema que la propia CIDH califica como monumental y extendido en Latinoamérica, en relación al tan mentado desarrollo sostenible.

Con el ruego de su difusión,

Lima, 1 de octubre de 2018

Fotografías: Mirtha Vásquez / CIDH

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