INDULTO HUMANITARIO FRAUDULENTO

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CASOS ‘BARRIOS ALTOS’ Y ‘CANTUTA’ PIDEN A LA SALA SUPREMA QUE CUMPLA CON PRONUNCIARSE SOBRE EL FRAUDULENTO INDULTO HUMANITARIO OTORGADO A ALBERTO FUJIMORI

El 17 de enero de 2019 se realizó una conferencia de prensa en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, donde las familiares de las víctimas de los casos “La Cantuta” y “Barrios Altos”, junto a sus abogadas y abogados, expresaron su preocupación porque la Sala Suprema encargada de resolver la apelación de Alberto Fujimori Fujimori, ante la declaración de nulidad del indulto que se le concedió, aun no se ha pronunciado.

Como se recordará, mediante Resolución del 3/10/2018, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, declaró nula la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS (24/12/2017) que concedió, en forma fraudulenta, un indulto humanitario al condenado Alberto Fujimori. El pronunciamiento judicial fue solicitado por los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y Cantuta quienes, junto a sus abogadas y abogados, demostraron que se habían festinado trámites, que el informe médico fue expedido de forma parcializada y que no se evidenciaban condiciones de salud que lo justificaran, vulnerando con ello la Convención Americana de Derechos Humanos y su derecho al acceso a la justicia en tanto, dicho beneficio connotaba un supuesto de impunidad. Y contra dicha Resolución Judicial que declara la nulidad del indulto, la defensa legal de Alberto Fujimori interpuso un recurso de apelación que quedó al voto.

En representación de las familias de las víctimas, Gisela Ortiz, manifestó sentir preocupación por la demora de la Sala de la Corte Suprema pues, el plazo de 15 días ya se cumplió y esta no se ha pronunciado sobre la apelación que, la defensa legal de Alberto Fujimori Fujimori presentó ante la decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, de declarar nula la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS (24/12/2017) que le concedió, en forma fraudulenta, un indulto humanitario. Asimismo, señaló que las familias piden se les devuelva la justicia como un derecho, y que las condenas deben hacerse efectivas, tal y como señalan los estándares internacionales de derechos humanos.

Por su parte, Gloria Cano, representante de APRODEH, señaló que el pasado 11 de enero, la referida sala notificó que aún continuarían las deliberaciones sobre el caso, sin embargo, el tiempo establecido se está superando y, tanto las familias de las víctimas como su defensa legal, invocan con esperanza que el Juez Nuñez Julca sea habilitado para realizar el control de convencionalidad, observado por la defensa de Fujimori, y que el indulto sea declarado inaplicable en tanto viola la Convención Americana de Derechos Humanos.

David Velazco, representante de FEDEPAZ, inició su intervención señalando que la justicia debe ser igual para todos y, sin embargo, el condenado Alberto Fujimori, quien tiene un Mandato Judicial que ordena su internamiento en un establecimiento penitenciario, sigue sin acatarlo. ¿Cuál es la razón para que esta orden no se ejecute? Pregunta Velazco. Ello porque, desde el 7 de noviembre de 2018, los abogados de las víctimas y sus familiares, solicitaron a la Sala Penal Especial Suprema que requiera a la Policía un informe del por qué no se había ejecutado la orden de internamiento en un penal, del condenado Fujimori. Ante tanta insistencia, recién el 8 de enero, la Sala ha cumplido con formular dicho requerimiento que, en la práctica, ha supuesto que, sin razón técnica legal ni médica, el condenado Fujimori se encuentre más de 100 días internado en una Clínica, evadiendo así el mandato de detención e internamiento en un penal.

Dania Coz, de COMISEDH reiteró sobre la lentitud con que este Mandato Judicial se está ejecutando, pero además preció que existe un informe del especialista cardiólogo de Fujimori, en donde se concluye que el tratamiento posterior implica la toma de pastillas y, a condición de cualquier crisis, visitas ambulatorias a la Clínica. De manea que, ni el condenado Alberto Fujimori ni la propia Clínica, están acatando la ley.

Al respecto, FEDEPAZ, organismo de derechos humanos que asesora legalmente a las familias de 9 víctimas del caso Barrios Altos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e instancias nacionales para la investigación y sanción penal a los responsables de estas ejecuciones extrajudiciales; se une al pedido de las familias de las víctimas e invoca a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a pronunciarse sobre el asunto de fondo de las motivaciones del fraudulento indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori Fujimori, quien fue condenado por hallársele responsable de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad y, hoy, lleva más de un año evadiendo la justicia con absoluta impunidad.

Con el ruego de su difusión,

Lima, 16 de enero de 2019

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