MARCHA PACIFICA EN HUANCABAMBA

 

Frente al intento gubernamental y empresarial de imponer el proyecto minero Río Blanco

EN MULTITUDINARIA MARCHA COMUNIDADES CAMPESINAS, RONDAS CAMPESINAS Y DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA REITERAN SU DEFENSA DEL AMBIENTE Y DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES

Las rondas provinciales de Huancabamba, la comunidad campesina de Segunda y Cajas y diferentes organizaciones sociales de la provincia de Huancabamba, han participado de una Marcha multitudinaria el día de hoy, en defensa del medio ambiente, esto es, de la vida, agua, sus lagunas, flora, fauna, y de sus páramos andinos, contra el intento de la empresa Minera Río Blanco Cooper S.A. de imponer la ejecución del proyecto minero Río Blanco, ex Majaz, en sus territorios.

Se debe de recordar que las comunidades y rondas campesinas, así como diversas organizaciones sociales de base, ya desde hace varios años han venido reafirmando lo expresado en la Consulta Vecinal del año 2007 y en las distintas manifestaciones públicas y pacíficas realizadas desde entonces, en el sentido de rechazar a la actividad minera y, por el contrario, en favor de un desarrollo socio-económico basado en la agricultura, la ganadería, el turismo ecológico, etc..

Como se recordará el 16 de setiembre de 2007, el 97% de la población de Huancabamba y otras provincias se expresaron en una consulta vecinal en contra del desarrollo del proyecto minero Río Blanco y en favor del desarrollo de la agricultura, la ganadería, el turismo ecológico, etc.

Sin embargo, el estado en lugar de atender sus legítimas demandas socio-económicas, los reprimieron brutalmente e instrumentalizaron el derecho penal para generar arbitrarias persecuciones penales en contra de los integrantes de dichas comunidades y organizaciones sociales de base.

Ello, sin duda alguna, incrementó la situación de conflictividad social alrededor del intento de imponer el proyecto minero llamado Río Blanco, con un resultado fatal y lamentable de siete personas fallecidas (cuatro comuneros y tres trabajadores de la empresa); la criminalización masiva de centenares de comuneros, dirigentes, ronderos, asesores y autoridades locales que en su momento apoyaron a las comunidades en sus legítimas demandas sociales.

Por ello, resulta preocupante que a pesar de la posición de las comunidades y de las organizaciones sociales, la empresa minera Río Blanco Copper S.A., siga empleando diferentes estrategias indebidas para conseguir la licencia social, que claramente le ha sido negada por las comunidades, como el crear organizaciones paralelas, infiltrando sus organizaciones sociales, generando conflictos y divisionismo en ellas; o con la recolección de firmas a cambio de dádivas o dinero a través de sus “promotores”

Las comunidades, las rondas y sus organizaciones sociales han manifestado que la empresa minera Río Blanco Copper vulnera sus derechos fundamentales reconocidos y amparados en la Constitución Política del Perú, en la Ley 24656 – Ley General de Comunidades Campesinas, Ley 27908 – Ley de Rondas Campesinas, Ley 24657 – Ley de Tierras, Ley 29785 – Ley de Consulta previa; así como en otros instrumentos de protección internacional como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos

Por ello en su calidad de guardianes del ecosistema de páramos y bosques de neblina, de la provincia de Huancabamba, permanecen vigilantes, exigiendo al Estado y demás autoridades competentes que cumplan con su rol de garante del respeto a sus territorios y derechos colectivos, como corresponde a los valores y principios de un Estado democrático y pluricultural. No hacerlo es avalar el proceder ilegal y arbitrario de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. antes descrito.

En ese sentido, FEDEPAZ, como organización de derechos humanos que brinda asesoría legal y acompañamiento a las referidas comunidades campesinas, rondas campesinas y diversas organizaciones sociales, expresa su preocupación porqué el estado en lugar de atender las legítimas demandas sociales prioriza las opciones de fuerza como la represión y la criminalización de la protesta social en este caso y en otros lugares del país, equivocando su política de tratamiento de los conflictos sociales en evidente violación a los derechos fundamentales de las comunidades y de sus integrantes.

Con el ruego de su difusión,

Lima, 24 de abril de 2019

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Última actualización en Miércoles, 24 Abril 2019 16:34