Denuncia de Sociedad Civil

En Audiencia ante la CIDH solicitada por el estado peruano

SOCIEDAD CIVIL DENUNCIA QUE EL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES DEL ESTADO PERUANO ES INCOMPLETO Y SE VIENE EJECUTANDO CON DISCRIMINACION

Hoy se llevó a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Audiencia sobre la “Implementación del Plan de Reparaciones” solicitada por el Estado Peruano, como parte de su 172° periodo de sesiones, en Kingston, Jamaica.

La delegación del estado peruano estuvo liderada por Carlos Reaño Balarezo, mientras que la delegación de sociedad civil estuvo conformada por Ana María Vidal Carrasco, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y David Licurgo Velazco Rondón, Director Ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

Al haber solicitado la realziación de la Audiencia el Estado de Perú, sus representantes inicoaron su presnetación señalando que existía la mejor voluntad de Perú de cumplir con sus obligaciones internacionales respecto a la promoción y defensa de los derechos humanos en el país. Así señalaron que una manifestación de dicha actitud era la aprobación e implementación del Plan de Reparaciones a las víctimas del Conflicto en Perú entre los años 1980 y 2000.

Entonces, refirieron que se había implementado un registro de víctimas y que sobre la base del mismo se venía implementando una serie de reparaciones, sobre todo de tipo económico a las víctimas del referido conflicto, al igual que en temas de educación, salud, etc..

Al respecto, Ana María Vidal Carrasco expresó su preocupación sobre el cambio del discurso oficial del estado peruano al llamar Conflicto y no Conflicto Armado Interno a los sucesos violentos que se vivieron en el Perú entre los años 1980 y 2000. Señaló que ello evidenciaba un desconocimiento de lo que realmente ocurrió en el Perú. Asimismo, cuestionó que, por ejemplo, en el pago de reparaciones económicas a los familiares de las víctimas del conflicto armado interno, sólo se les reconociera un equivalente de US$ 140. 00 por persona y a los miembros del los Comités de Autodefensa la suma de US$ 13,000.00

Por su parte David Licurgo Velazco Rondón, precisó que el Plan Integral de Reparaciones, en realidad, no era integral porque no incluía el tema de justicia que no era otra cosa que el incumplimiento del compromiso del estado peruano de investigar las graves violaciones de derechos humanos que se dieron en el período de los años 1980 al 2000.

Igualmente, refirió que se evidenciaba la falta de voluntad política del estado peruano de investigar estas graves volaciones de derechos humanos, desde el momento que protegía a los efectivos militares acusados de estos hechos, al desmontaje   del sub-sistema judicial especializado en la investigación, procesamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos humanos, a la dilación indebida de los procesos judiciales en este tema (como los casos concoidos como El Fronton vs. Perú y, Cantoral Benavides vs. Perú que ya llevan más de 30 años pendiente de juzgamiento y sanción, en el primer caso y, más de 20 años en el segundo caso), el recorte de recursos para la investigación, juzgamiento y sanción de estos hechos, etc..

Asimismo denunció que existían miles de victimas o familiares de víctimas que no contaban con defensa legal proveida por el estado, contrariamente a lo que se había obligado a hacer.

En la replica, la representación del estado peruano señaló que la sociedad civil no estab cumpliendo con la obligación de rferirse a temas que si eran materia de la Audiencia; a lo que David Licurgo Velazco Rondón respondió que, más bien, lamentaba la actitud de la representación de estado porque con dicho argumento pretendía sustraerse a su obligación de dar respuesta a los cuestionamientos válidos de la sociedad civi y precisó que el denunciar que el Plan Integral de Reparaciones en realidad no era integral (porque no incluía los temas de justiciar) si tenia que ver con lo que era materia de debate de la Audiencia que se estaba desarrollando en ese momento.

Los Comisionados, por su parte, expresaron su sorpresa por el uso de la expresión “Conlicto” y no “Conflicto Armado Interno”, el trato discrimiantorio en las reparaciones de carácter económico y en la no inclusion del tema justicia en el Plan Integral de Reparaciones del estado de Perú, sin perjuicio de agradecer la buena disposición del Estado Peruano de intervenir en el debate de estos temas ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos.

Al respecto, FEDEPAZ expresa su gran preocupación, no solo porque se pretende ejecutar un plan de reparaciones que no es integral y que por el contrario es discrimantorio en muchos temas, sino porque, también no ha incluido el componente de justicia como uno de sus objetivos exigiendo que se modifique esta circunstancia en la ley que aprobó dicho Plan de Reparaciones.

Con el ruego de su difusión,

Lima, 10 de mayo de 2019

Área de Prensa

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ

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Última actualización en Viernes, 10 Mayo 2019 17:12

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