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¡Alerta! ¡Ley con nombre propio!

Proyecto de Ley de excarcelamiento de adultos mayores, recientemente aprobado, 
beneficiaría a violadores de derechos humanos

IMG 20181012 121047chHoy se realizó una conferencia de prensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), para manifestar el rotundo rechazo al proyecto de ley que ayer aprobó el Congreso de la República para que las personas mayores desde los 65 años, cumplan su condena en libertad con vigilancia electrónica personal.

A través de sus representantes, la CNDDHH manifestó que no se trata de alentar odios, ya que cualquier persona privada de su libertad merece pasar sus últimos días con dignidad. Sin embargo, la propuesta de Ley aprobada tiene nombre propio y, además, de ser inconstitucional garantiza la impunidad de violadores a los derechos humanos. Adicionalmente, dicha ley otorgaría potestades al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para reducir las penas de cárcel, cuando esto corresponde sólo a un juez. Asimismo, la representante de los familiares de las víctimas señaló que es irresponsable seguir dando leyes con nombre propio, pues esto va en contra de la obligación que tiene el Estado peruano de cumplir las sentencias en cuestión de Derechos Humanos. Por lo tanto, pidieron públicamente al presidente Martín Vizcarra que NO promulgue la denominada #LeyFujimori.

David Velazco, director de FEDEPAZ, sostuvo que esta norma pretende sustraer al Estado de su obligación de que, los condenados por graves violaciones de derechos humanos, incumplan con su sentencia. La Corte IDH ya ha establecido que, ningún estado puede alegar disposiciones de derecho interno para incumplir sentencias dictadas por la Corte IDH o lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Si esto procede la Corte IDH lo declarará inaplicable, manteniendo coherencia en su posición. De manera que, si esta norma se promulga, el Estado peruano estaría incurriendo en desacato de sus obligaciones internacionales.

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No aplica el indulto que PPK concedió a Alberto Fujimori

PODER JUDICIAL DECLARA FUNDADO EL PEDIDO DE NO APLICACIÓN DEL INDULTO A FUJIMORI

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El día de hoy el Juez Supremo Hugo Muñoz declaró “inaplicable” el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori Fujimori, el pasado 24 de diciembre de 2017, por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

El Juzgado de Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Resolución Número Diez, ha declarado: fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto por razones humanitarias al favor del condenado Fujimori; infundadas las observaciones efectuadas por la defensa técnica del mismo; y ordena girar las órdenes de ubicación y captura de Alberto Fujimori, para que sea reingresado al establecimiento penitenciario que se le designe.

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Al respecto, conforme lo dispone nuestro vigente ordenamiento procesal penal, la captura y detención de Fujimori debe aplicarse inmediatamente, sin perjuicio de que se formule o no un recurso de apelación por su defensa contra la resolución ahora comentada.

FEDEPAZ considera que la resolución expedida por el referido Juzgado Supremo, es resultado de un largo camino de lucha de las víctimas (y sus familiares) de la dictadura de Alberto Fujimori, que son testimonio de resistencia pacífica y esperanzadora para nuestra sociedad. A ellas y ellos nuestro sentido saludo y, por supuesto, a las instancias nacionales e internacionales, y a las organizaciones del movimiento de derechos humanos que seguimos trabajando por la defensa de los derechos fundamentales en el Perú.

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CIDH Audiencias l 169 Periodo de sesiones

Sociedad civil denuncia ante la CIDH, el uso irregular de las Fuerzas Policiales en las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en Perú

18.10.01 CIDH 169 Seguridad Foto Mirtha Vasquez bchHoy se llevó a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la audiencia “Seguridad ciudadana y denuncias de uso irregular de fuerzas policiales en las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en Perú”, como parte de su 169° periodo de sesiones, en Colorado (EEUU).

La delegación de sociedad civil estuvo conformada por representantes de las organizaciones: Derechos Humanos sin Fronteras Cusco (DHSF), Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Red de Propuesta y Acción (RED MUQUI) y Fundación para el Debido Proceso (DPLF); quienes aportaron información sobre el marco normativo que avala el uso de las fuerzas públicas del orden para dar servicios de seguridad privada a empresas mineras, las principales vulneraciones de derechos de las comunidades de influencia minera (casos Yanacocha y Las Bambas), y los mecanismos utilizados para la defensa de los derechos vulnerados ante el Estado peruano.

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David Velazco, director de FEDEPAZ, señaló en su intervención que la Ley 27238 - Ley orgánica de la Policía Nacional del Perú (PNP) establece la posibilidad de que las Fuerzas Policiales suscriban contratos para ofrecer servicios de seguridad privada a empresas privadas en general y a empresas del sector minero extractivo e hidrocarburos, en particular. Posteriormente, se dio la Ley 28857 y el Decreto Legislativo (DL) 1148 que regula que esta posibilidad se dé de manera “excepcional”.

Asimismo, expuso que con normas posteriores (DL 1213, 1230) se estableció de nuevo dicha posibilidad, a pesar de que las acciones de incidencia y protesta desde sociedad civil señalaban que, dichos convenios y contratos, violan la Constitución Política del Perú y la Convención Americana de Derechos Humanos. En la práctica, esto se expresa en graves vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas y comunidades, por parte de empresas que solicitaron servicios de seguridad privada a la PNP. El reclamo masivo a causa de mercenerizar la fuerza pública y utilizar recursos públicos (uniforme, logística, armamento, autoridad) en favor de intereses privados y en desmedro de los intereses de las comunidades, no fue escuchado.

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Arequipa: Se viola el derecho al debido proceso judicial

En el arbitrario proceso judicial contra los dirigentes de las protestas por el proyecto minero Tía María

Se suspende por cuarta vez la audiencia judicial y se viola el derecho al debido proceso

suspendidaPara el día de hoy 5 de septiembre del 2018, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, programó la instalación e inicio de Audiencia de control de acusación contra 26 dirigentes y miembros de comunidades afectadas por el proyecto minero Tía María (Arequipa), quienes participaron en las protestas del año 2015 y contra quienes la Fiscalía ha formulado acusación por asociación ilícita para delinquir, disturbios y otros; sin existir pruebas ni tener en cuenta que estos agricultores no cometieron delito, sino que ejercieron su legítima defensa de derechos fundamentales como el de propiedad de la tierra, a desarrollar principalmente la actividad agrícola y a decidir su propio modelo de desarrollo.

Es sumamente preocupante, ya que es la cuarta oportunidad en que se suspende dicha diligencia, violando así el principio de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable. En efecto, el 9 de mayo se suspendió a pedido de la Fiscal, quien señaló que no habían condiciones necesarias de seguridad; el 13 de junio se volvió a suspender porque era el cumpleaños de la jueza a cargo del caso; el 4 de julio nuevamente se suspendió a pedido del fiscal, quien señaló que no podía efectuar la sustentación oral de la acusación por la complejidad y desconocimiento del proceso dado que el caso estaba a cargo de otro fiscal que se encontraba de vacaciones; hoy, 5 de septiembre, se vuelve a suspender la audiencia debido a que el especialista legal (responsable de las notificaciones) no ha cumplido con notificar a uno de los imputados, hecho grave puesto que no tiene defensa apersonada al proceso porque, de llevarse a cabo la audiencia, ello implicaría una violación del debido proceso, a su derecho de defensa, lo cual podría acarrear posteriores nulidades.

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