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Cajamarca: Archivan proceso penal contra defensores ambientales

Después de casi cinco años de estar procesados injustamente

Primera Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, confirma el archivo del proceso penal seguido contra Marco Arana, Ydelso Hernández y Manuel Ramos

Mediante Resolución de fecha 13 de marzo de 2018, notificada el día de ayer, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca confirmó la resolución de primera instancia que declaró fundada la solicitud de sobreseimiento (archivo) formulada por la defensa legal de Marco Arana Zegarra. En ese sentido, ordenó el archivo definitivo del proceso penal por supuesto delito de usurpación agravada, seguido contra el referido Marco Arana Zegarra y los dirigentes campesinos Ydelso Hernández Llamo y Manuel Ramos Campos.

Como se recordará, las comunidades y rondas campesinas situadas alrededor del proyecto minero Conga, en el ejercicio de su facultad constitucional para administrar justicia, decidieron retirar las tranqueras que la empresa minera Yanacocha SRL había colocado en los caminos ancestrales de sus territorios. Esta decisión de las comunidades fue comunicada a las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Ejecutivo ya que la empresa se había negado a retirarlas alegando que se trataba de tierras de su propiedad. Por lo tanto, dicha diligencia de retiro de tranqueras fue pública y se llevó a cabo el 20 de agosto de 2013, sin acto de violencia alguno y con la presencia del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, representantes de Yanacocha SRL, de la prensa nacional y extranjera.

Sin embargo, Yanacocha denunció penalmente a diversos dirigentes campesinos por supuesta usurpación agravada. La investigación se formaliza, el Ministerio Público acusa penalmente a Marco Arana Zegarra, Ydelso Hernández Llamo y Manuel Ramos Campos como supuestos autores del delito, solicitando que se les imponga cuatro años de pena privativa de la libertad.

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Piura: Marcha campesina y rondera

En oposición al proyecto minero de Río Blanco Copper S.A. (Ex Majaz)

En multitudinaria marcha, comunidades campesinas de Huancabamba y Ayabaca, exigen respeto a sus derechos territoriales y a la libre elección de su desarrollo económico, social y cultural

DSCF4803chEl pasado lunes 7 de mayo, miles de comuneros, comuneras, ronderos y ronderas de las provincias andinas de Huancabamba y Ayabaca; marcharon por las calles de la ciudad de Piura, en defensa de sus derechos territoriales y de un desarrollo socioeconómico basado en la agricultura, ganadería y ecoturismo, tal como decidieron en la consulta vecinal realizada en septiembre de 2007.

Una vez más, han hecho manifiesto su rechazo a la implementación del proyecto minero Río Blanco, cuya concesión se encuentra situada en los territorios de las comunidades Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), y cuyos efectos serían lamentables e irreversibles en el ecosistema de la región, por su ubicación en los páramos andinos donde nacen diversos ríos de Piura y de las provincias de San Ignacio y Jaén en Cajamarca.

Asimismo, dichas comunidades han expresado su rechazo al Proyecto de Ley N° 1910 promovido por el congresista fujimorista Luis López Vilela, que propone la titulación individual de tierras comunales, afectando así su derecho ancestral a la propiedad comunal del territorio.

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Caso Río Blanco - Ex Majaz (Piura)

Ante la apelación interpuesta por la defensa legal de las víctimas

Sala Penal de Apelaciones de Piura ordena que se incorpore al Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable, en el proceso penal por tortura y secuestro agravado en campamento minero Ex Majaz

 

Torturados2Como es de conocimiento público, en agosto de 2005, 28 personas (campesinos, maestros, periodistas y otros) fueron torturadas en la sede del campamento minero de la empresa Majaz SA, hoy llamada Río Blanco Copper SA; por lo cual, a la fecha, la Fiscalía ha solicitado entre 10 y 25 años de pena privativa de libertad para los autores (efectivos policiales) de estos delitos de lesa humanidad, como se califican la tortura y el secuestro agravado que son materia de acusación fiscal.

En enero de 2011 los agraviados solicitaron, ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, ser constituidos como actores civiles (parte agraviada activa en el proceso). Y, en agosto de 2011, solicitaron que se incorpore al Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable (para que responda por la reparación civil a las víctimas).

Por responsabilidad exclusiva del Juzgado y la Fiscalía, recién el 4 de abril de 2017 se declara fundado el pedido de constitución de actor civil de las víctimas, es decir, más de 6 años después de haberse solicitado. Y, el 18 de mayo de 2018, se declara improcedente la solicitud de incorporación del Ministerio del Interior como Tercero Civil Responsable, casi 6 años después de formulada la solicitud.

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CIDH: Revocar el indulto otorgado a Fujimori

NOTA DE PRENSA

Fedepaz estuvo presente en la audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia, para los casos Barrios Altos y Cantuta, que la Corte IDH concedió a los familiares de las víctimas

noticia victimasEl 2 de febrero de 2018 se llevó a cabo en San José de Costa Rica, la anunciada audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), concediera a los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.

La delegación que viajó estuvo conformada por familiares de las víctimas de los antes referidos casos como Carmen Amaro (La Cantuta), quien tuvo una intervención en nombre de los familiares, Raida Cóndor (La Cantuta), Rosa Rojas Borda (Barrios Altos) y Gladis Rubina Arquiñigo (Barrios Altos). Igualmente, integraron la delegación FEDEPAZ, APRODEH, IDL, CNDDHH y CEJIL, quienes patrocinan legalmente a las víctimas.

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