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Modificación normativa vulnera la protección de pueblos indígenas

indigenas aislamiento Noticia 790665

En medio de las fiestas patrias y mientras se daba a conocer la buena noticia de la recategorización de tres Reservas en Ucayali, de Territoriales a Indígenas; contradictoriamente, se aprobaban peligrosas modificaciones al Reglamento de la Ley N° 28736 - Ley para la protección de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial – PIACI.

Es así que, a través del Decreto Supremo N° 008-2016-MC se dispone en el artículo 7 que, es función del Vice Ministerio de Interculturalidad – VMI, emitir opinión técnica previa vinculante relacionada al componente social vinculada a las actividades de exploración y explotación no tradicional de recursos naturales en las reservas indígenas.

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Presentación del 18° Reporte del OCM

Nota de Prensa

18° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

 2016 Julio. Por Ingrid Sanca Vega 59El 13 de julio a las 9am se llevó a cabo la presentación del 18° Reporte del OCM, por CooperAcción, Fedepaz y Grufides. El acto se llevó a cabo según lo programado, con la presencia de prensa regional, nacional e internacional, expectante al panorama sociopolítico relacionado con la minería y el ambiente, de cara al gobierno que en breve asumirá funciones.

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Fedepaz y Defensoría del Pueblo participan como observadoras

Reunión sobre posesión de terrenos de la comunidad awajún de Naranjos

San Ignacio, Cajamarca, Perú

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El 24 de Junio de 2016 la Organización Regional Awajún de San Ignacio – ORASI, que representa a la comunidad nativa awajún de Naranjos, organizó una reunión en la provincia de San Ignacio con el objetivo de abordar el tema de la posesión de un área de terreno comunal por parte de un grupo de mestizos, quienes fueron invitados para exponer su posición en esta compleja situación.

ORASI invitó a algunas autoridades e instituciones en calidad de observadoras, como el Responsable de la Oficina de Asuntos Indígenas de San Ignacio Wilmer Jeremías, el Concejero Regional Awajún de Cajamarca Neire Unkuch, la Defensoría del Pueblo de Jaén y Fedepaz.

De Naranjos asistieron 31 personas, 4 de ellas mujeres, integrantes de la comunidad, sus anexos y organizaciones como las Rondas Nativas, Comedor Popular, APAFA. Del grupo de mestizos que aducen posesión de los terrenos de dicha comunidad, en el sector denominado San Pedro, acudieron 7 personas, todos hombres, un infante entre ellos.

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‪#‎AltoAlaTortura‬ ‪#‎MecanismoYA‬

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Pronunciamiento: Archivar Proyecto sobre Hidroeléctricas

PRONUNCIAMIENTO
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEBE ARCHIVAR PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS SIN PLANIFICACIÓN, NI CONSULTA PREVIA

A pocos días del cierre del Legislativo, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley N° 2747/2013-CR con la finalidad de “declarar de necesidad pública e interés nacional la priorización de la construcción de todas las centrales hidroeléctricas que se instalen en el país hasta el 2024 cuya capacidad instalada sea mayor a 20MW”, sin indicar las características y localización de los proyectos (esta medida promueve una vez más cualquier proyecto , literalmente cualquiera pues no hay lista de proyectos priorizados), ni la política, plan o programa que sustenta dicha propuesta. Si bien es importante contar con suficiente capacidad instalada para atender la demanda eléctrica del país, es necesario que los proyectos de generación, trasmisión y distribución eléctrica se promuevan en base a una planificación por parte del Estado peruano que considere información actualizada sobre el potencial hidroeléctrico y las proyecciones de la demanda eléctrica. Asimismo, esta planificación debe realizarse analizando los posibles impactos sociales y ambientales del conjunto de proyectos a promoverse y aplicando la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT.

Cabe señalar que las experiencias en la generación de normas declarativas se ha convertido en una vía para eludir la normativa y debilitar los estándares ambientales y sociales bajo el pretexto de reducir trámites, como ya ha ocurrido en años anteriores, pues con la declaración de necesidad pública e interés nacional, eluden la exigencia que se realicen estudios de factibilidad, es decir, realizar el proyecto sin saber si es viable, rentable o sostenible.

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Liberan a dos agricultoras detenidas por protestar en Ica

SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES DE ICA ORDENA LA LIBERACIÓN DE 2 AGRICULTORAS DETENIDAS INJUSTAMENTE POR DEFENDER SU DERECHO AL AGUA

Se les imputó falsamente la autoría del delito de disturbios y violencia contra la autoridad durante la protesta social contra un proyecto del gobierno regional, que supone restar calidad y cantidad de agua para sus actividades agrícolas.

Después de escuchar los alegatos de la Fiscalía Superior de Ica que solicitaba se confirme la detención preventiva, y de los abogados de las detenidas, pertenecientes a la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ y a la Comisión de Derechos Humanos de Ica – CODEHICA, que solicitaban la revocación de la detención y su inmediata libertad; la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ica consideró que no existía peligro procesal de fuga, ni de perturbación a la actividad probatoria por parte de las detenidas, por lo que señaló que “será de justicia que se revoque la resolución impugnada en el extremo que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva (…) contra las imputadas Miriam Elizabeth Solís Robles y Sofía Clementina Mendoza Yañez y reformándose se dicte mandato de comparecencia (…), en consecuencia se DISPONE LA INMEDIATA LIBERTAD DE LAS IMPUTADAS”.

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Por el asesinato de campesinos en Huancabamba

FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE HUANCABAMBA SOLICITA 25 AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS EFECTIVOS POLICIALES IMPLICADOS EN EL ASESINATO DE CAMPESINOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SEGUNDA Y CAJAS

HcbbaLa Primera Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba ha formulado acusación contra los efectivos policiales José Elgio Coba Requena, Carlos Edilberto Rosales Ruiz y Edgar Eduardo Torres Guzmán, solicitando se les imponga una pena privativa de libertad de 25 años, por el asesinato de los campesinos Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama, y por el intento de asesinato de los campesinos Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez y José María Ramírez Guevara.

Como se recordará, estos hechos ocurrieron el 2 de diciembre de 2009 en el Sector Cajas Canchaque de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas, provincia de Huancabamba, Región Piura. A raíz del ataque que un grupo de desconocidos perpetró el mes anterior en un campamento minero de la empresa Río Blanco Copper S.A. y que costó la vida de 3 personas, un aproximado de 30 policías ingresó a la referida comunidad y reprimió violentamente a un grupo de comuneros, cuando éstos les increparon el ingreso a sus tierras sin la debida autorización comunal. 

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Pronunciamiento: Transparencia en el Sector Extractivo

PRONUNCIAMIENTO

INSTAMOS A QUE LOS CANDIDATOS ASEGUREN CONTINUIDAD EN LA APLICACIÓN DE COMPROMISOS INTERNACIONALES SOBRE TRANSPARENCIA EN EL SECTOR EXTRACTIVO

La explotación de los recursos naturales no renovables forma parte crucial en muchas economías del mundo, siendo casi el motor central de sus PBI. Las actividades extractivas están relacionadas con conflictos sociales (en algunos casos criminalizando su protesta), y denuncias de corrupción, pero sobre todo al desconocimiento y desinformación por parte de la población sobre la renta, las utilidades y los usos del dinero que recibe el Estado proveniente de los impuestos y regalías.

Transparentar el flujo económico de las industrias extractivas es fundamental. Por tal motivo la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) cobra gran relevancia en el mundo y en nuestro país. El EITI se conforma por representantes de gobiernos, empresas y sociedad civil con el objetivo de transparentar los pagos que realizan las empresas extractivas a los Estados y el ingreso que se recibe de estas, para prevenir hechos de corrupción y mejorar la gestión de los recursos económicos que se obtienen de esta actividad. En la actualidad 51 países la conforman de manera voluntaria.

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