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Preocupa la crisis financiera de la CIDH

EXIGIMOS AL ESTADO PERUANO QUE, COMO MIEMBRO DE LA OEA, RESPALDE POLÍTICA Y FINANCIERAMENTE A LA CIDHINSTANCIA PARA EL RESPETO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN NUESTRA REGIÓN

logolema esFundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, expresa su preocupación por la grave crisis financiera en la que se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de la cual viene suspendiendo una serie de audiencias, de visitas de seguimiento a los países, de los períodos de audiencias y hasta de los contratos del 40% de su personal. Esto se traduce en un preocupante incumplimiento de su mandato y funciones más básicas, como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como es la observancia de los derechos humanos en la región.

Esta situación impacta directamente en su capacidad como instancia internacional para el procesamiento de denuncias de violaciones a los derechos humanos, ya que es a partir de las sesiones que sus comisionados y comisionadas analizan, debaten y aprueban determinados informes y recomendaciones a los Estados. Pero además, impacta directamente en las víctimas de esas violaciones a los derechos.

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Comunidades awajún de Cajamarca

Fuente: Servindi

Los débiles argumentos del Minem en el caso Águila Dorada

Por Jonathan Hurtado

Servindi, 20 de mayo, 2016.- Las respuestas del Procurador Público del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sobre la pertinencia de la consulta previa en el caso del proyecto minero Yagku Entsa, al norte de la región Cajamarca, tomó por sorpresa a los presentes en el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la mañana del martes 17 de mayo.

En dicho tribunal se encontraban Rodolfo Akintui, presidente de la comunidad nativa de Supayacu, Albercio Bazán, presidente de la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), y el equipo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) encabezado por el abogado David Velazco.  

Supayacu había presentado una demanda de amparo para exigir la consulta previa del proyecto Yagku Entsa -de oro y cobre- a cargo de Exploraciones Mineras Águila Dorada S.A.C., empresa que ha reconocido como zona de influencia del proyecto solo a la comunidad de Naranjos, vecina de Supayacu en la provincia de San Ignacio.

Eso pese a que ambas se ubican relativamente cerca y tienen como límite natural el río Chirinos, en cuya cabecera de cuenca operó la empresa entre los años 2013 y 2015 como parte de su primera fase de actividades de exploración. 

"Nosotros compartimos el mismo río. Ahí en la parte de arriba es donde la empresa ha hecho el trabajo. Toda ese agua discurre y llega hasta nosotros. Entonces cómo ellos (la empresa y el Minem) dicen que no somos afectados", explica Albercio Bazan, quien agrega lo ocurrido el año 2014 con la muerte de peces como consecuencia, aparentemente, del vertido de sustancias tóxicas al río por la empresa. 

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Autoridades de Supayaku asisten a Audiencia Judicial por Demanda de Amparo contra proyecto minero

Autoridades de la Comunidad Nativa de Supayaku asistieron a la Audiencia Judicial en el 5° Juzgado Constitucional, por el proceso de Demanda de Amparo contra el Proyecto Minero ‘Yagku Entsa’ de Exploraciones Águila Dorada S.A.C.

Ingrid Sanca Vega 5A las 10 de la mañana del 17 de mayo de 2016 tuvo lugar, en la sede del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la Audiencia de Informe Oral para sustentar la demanda de amparo en relación a la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo awajún de Cajamarca, así como a la violación de su derecho a vivir en un territorio y medioambiente sano y equilibrado.

Asistieron, en primer lugar, la parte demandante integrada por los representantes de la comunidad nativa awajún de Supayaku, el Apu Rodolfo Akintui y el Presidente de ORFAC (Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca) Albercio Bazan, cuya defensa legal realizó el abogado David Velazco Rondón de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - Fedepaz. En segundo lugar, por la parte demandada, representado por el Procurador Público del  Ministerio de Energía y Minas.

La audiencia se inició con el pedido del Juez hacia el Presidente de ORFAC, para que sustente de hecho el porqué de la demanda. Albercio Bazan explicó que ellos decidieron demandar ante la extrema preocupación por la aparición de peces muertos en el Río Chirinos, uno de los afluentes de la cuenca hídrica del territorio del pueblo awajún de Cajamarca, límite natural entre sus dos comunidades Supayaku y Naranjos. Entre otros argumentos, Bazan añadió: “Nadie sabe lo que hemos pasado durante dos años, sin comer pescado, sin poder bañarnos, lavar, ni pescar en el río… lo que sienten nuestras madres y niños. Aquí tienen supermercado, nuestro mercado es el río.”

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Por homicidio y lesiones graves en agravio de campesinos de Segunda y Cajas (Huancabamba, Piura)

Al declarar fundada la oposición interpuesta por la defensa de las víctimas, contra la solicitud de archivo formulada por la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba,

LA SEGUNDA FISCALIA SUPERIOR PENAL DE PIURA ORDENA QUE SE FORMULE ACUSACIÓN CONTRA TRES EFECTIVOS POLICIALES, POR HOMICIDIO EN AGRAVIO DE DOS CAMPESINOS Y POR GRAVES LESIONES A OTROS CINCO CAMPESINOS

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura, mediante Disposición No. 33, ordenó rectificar el requerimiento de sobreseimiento (archivo) formulado por la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, disponiendo que se formule acusación fiscal contra los efectivos policiales Carlos Edilberto Rosales Ruiz, José Eligio Coba Requena y Edgar Eduardo Torres Guzmán por delito de homicidio en agravio de Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama y, que se formule acusación contra los mismos efectivos policiales por tentativa de homicidio en agravio de Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Guevara, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Rojas Togas y José Ramírez Guevara.

En efecto, el Fiscal Superior ha señalado en su disposición que: “De lo anterior se puede afirmar que sí existen elementos de convicción que ameritan la emisión de un requerimiento acusatorio … por lo tanto, los argumentos antes expuestos permiten afirmar que la decisión adoptada por el fiscal provincial no es la adecuada; por lo que corresponde rectificar la misma, correspondiendo remitir los actuados … a otro Despacho Fiscal para la formulación del requerimiento acusatorio correspondiente”.

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Pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

¡DESIGNACIÓN YA!

EXIGIMOS AL CONGRESO LA ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, MAGISTRADO DEL TC Y NUEVO CONTRALOR DE LA REPÚBLICA

Las organizaciones de la sociedad civil, ante la excesiva demora en el nombramiento del Defensor del Pueblo, la designación del reemplazo del magistrado Óscar Urviola del Tribunal Constitucional y el inminente término de las funciones del Contralor de la República, y teniendo en cuenta las circunstancias en el país, exigimos la elección de estas altas autoridades, por lo siguiente:

1.    El presidente del Congreso, Luis Iberico, ha convocado para el tres de mayo a reunión de la Junta de Portavoces, decisión que saludamos. Es la última oportunidad para que antes que culmine esta legislatura, este poder del Estado y las bancadas políticas cumplan con su responsabilidad constitucional y política en la designación de las autoridades encargadas de la defensa de los derechos humanos y el control del poder.

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Actual gestión municipal de la Provincia de San Ignacio coloca al pueblo awajún en situación de discriminación, exclusión y riesgo

Asamblea Yamakey-001Desde Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, denunciamos que el pueblo indígena awajún de San Ignacio (Cajamarca) viene siendo excluido por el actual alcalde provincial de San Ignacio, del Presupuesto Municipal que le corresponde como pobladores de dicha provincia. La Ley 28056 (Ley marco del Presupuesto Participativo) establece el proceso de Presupuesto Participativo como mecanismo de asignación equitativa y transparente del presupuesto público, para lo cual los gobiernos regionales y locales deben desarrollar estrategias de participación de la población en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización en la gestión.

Sin embargo, la actual gestión municipal no sólo no les ha pagado en el 2015 lo que les fue asignado en la priorización del 2014, sino que ni siquiera les ha incluido en el proceso de priorización de gastos del 2015 a hacerse efectivo en el 2016. A pesar de que el propio alcalde Sadón Gómez, en plena reunión en su Despacho con dirigentes de ORFAC (Organización Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca, Comunidad de Supayaku), ORASI (Organización Regional Awajún de San Ignacio, Comunidad de Naranjos) y FEDEPAZ como asesora de éstas organizaciones indígenas, dijo abiertamente que convocaría a Wilmer Jeremías, entonces Responsable de la Oficina de Enlace de Asuntos Indígenas.

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Defensoría del Pueblo exhorta a cumplir acuerdos - Lote 192

Tras su visita a Lima, los Apus de las comunidades nativas de las cuatro cuencas afectadas por la explotación petrolera en el Lote 192 (Loreto), se reunieron, junto a sus asesores de Puinamudt, con representantes de la Defensoría del Pueblo, incluyendo al propio Defensor del Pueblo, y de organizaciones de la sociedad civil aliadas a esta causa. Esta es la nota publicada por la Defensoría del Pueblo.

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Piura: Justicia para los campesinos que sufrieron tortura en el campamento minero de Río Blanco Copper S.A.

Juzgado de investigación preparatoria de Huancabamba, resolvió acumular los dos procesos penales en los que se investigan las torturas que sufrieron 28 campesinos, dentro del campamento minero de Rio Blanco Copper S.A. (Ex Majaz)

campesinos-detenidos-en-el-mataderoAnte la solicitud de los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- FEDEPAZ, quienes representan a las víctimas, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba resolvió acumular en un solo proceso (acumular el Expediente No. 201-2013 al Expediente No. 30-2011) las dos investigaciones penales seguidas contra 17 efectivos policiales, entre ellos dos generales, como responsables de los actos de tortura y secuestro agravado que sufrieron 28 campesinos que se oponían al desarrollo del proyecto minero Río Blanco por afectar sus derechos fundamentales.

Como se recordará entre los días 1 y 3 de agosto de 2005, 28 campesinos fueron torturados por quienes los mantenían cautivos, entre los que se encontraban efectivos de la Policía Nacional, funcionarios y trabajadores de Río Blanco Copper S.A. y de la empresa de seguridad privada Forza, hecho por el cual se iniciaron dos investigaciones penales.

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