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MARCHA PACIFICA EN HUANCABAMBA

 

Frente al intento gubernamental y empresarial de imponer el proyecto minero Río Blanco

EN MULTITUDINARIA MARCHA COMUNIDADES CAMPESINAS, RONDAS CAMPESINAS Y DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA REITERAN SU DEFENSA DEL AMBIENTE Y DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES

Las rondas provinciales de Huancabamba, la comunidad campesina de Segunda y Cajas y diferentes organizaciones sociales de la provincia de Huancabamba, han participado de una Marcha multitudinaria el día de hoy, en defensa del medio ambiente, esto es, de la vida, agua, sus lagunas, flora, fauna, y de sus páramos andinos, contra el intento de la empresa Minera Río Blanco Cooper S.A. de imponer la ejecución del proyecto minero Río Blanco, ex Majaz, en sus territorios.

Se debe de recordar que las comunidades y rondas campesinas, así como diversas organizaciones sociales de base, ya desde hace varios años han venido reafirmando lo expresado en la Consulta Vecinal del año 2007 y en las distintas manifestaciones públicas y pacíficas realizadas desde entonces, en el sentido de rechazar a la actividad minera y, por el contrario, en favor de un desarrollo socio-económico basado en la agricultura, la ganadería, el turismo ecológico, etc..

Como se recordará el 16 de setiembre de 2007, el 97% de la población de Huancabamba y otras provincias se expresaron en una consulta vecinal en contra del desarrollo del proyecto minero Río Blanco y en favor del desarrollo de la agricultura, la ganadería, el turismo ecológico, etc.

Sin embargo, el estado en lugar de atender sus legítimas demandas socio-económicas, los reprimieron brutalmente e instrumentalizaron el derecho penal para generar arbitrarias persecuciones penales en contra de los integrantes de dichas comunidades y organizaciones sociales de base.

Ello, sin duda alguna, incrementó la situación de conflictividad social alrededor del intento de imponer el proyecto minero llamado Río Blanco, con un resultado fatal y lamentable de siete personas fallecidas (cuatro comuneros y tres trabajadores de la empresa); la criminalización masiva de centenares de comuneros, dirigentes, ronderos, asesores y autoridades locales que en su momento apoyaron a las comunidades en sus legítimas demandas sociales.

Por ello, resulta preocupante que a pesar de la posición de las comunidades y de las organizaciones sociales, la empresa minera Río Blanco Copper S.A., siga empleando diferentes estrategias indebidas para conseguir la licencia social, que claramente le ha sido negada por las comunidades, como el crear organizaciones paralelas, infiltrando sus organizaciones sociales, generando conflictos y divisionismo en ellas; o con la recolección de firmas a cambio de dádivas o dinero a través de sus “promotores”

Las comunidades, las rondas y sus organizaciones sociales han manifestado que la empresa minera Río Blanco Copper vulnera sus derechos fundamentales reconocidos y amparados en la Constitución Política del Perú, en la Ley 24656 – Ley General de Comunidades Campesinas, Ley 27908 – Ley de Rondas Campesinas, Ley 24657 – Ley de Tierras, Ley 29785 – Ley de Consulta previa; así como en otros instrumentos de protección internacional como el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos

Por ello en su calidad de guardianes del ecosistema de páramos y bosques de neblina, de la provincia de Huancabamba, permanecen vigilantes, exigiendo al Estado y demás autoridades competentes que cumplan con su rol de garante del respeto a sus territorios y derechos colectivos, como corresponde a los valores y principios de un Estado democrático y pluricultural. No hacerlo es avalar el proceder ilegal y arbitrario de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. antes descrito.

En ese sentido, FEDEPAZ, como organización de derechos humanos que brinda asesoría legal y acompañamiento a las referidas comunidades campesinas, rondas campesinas y diversas organizaciones sociales, expresa su preocupación porqué el estado en lugar de atender las legítimas demandas sociales prioriza las opciones de fuerza como la represión y la criminalización de la protesta social en este caso y en otros lugares del país, equivocando su política de tratamiento de los conflictos sociales en evidente violación a los derechos fundamentales de las comunidades y de sus integrantes.

Con el ruego de su difusión,

Lima, 24 de abril de 2019

Área de Prensa
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ
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Última actualización en Miércoles, 24 Abril 2019 16:34

Pronunciamiento de Comunidad Nativa de Supayaku

LA COMUNIDAD NATIVA DE SUPAYAKU Y SU ORGANIZACION SOCIAL ORFAC SE PRONUNCIAN FRENTE AL INTENTO DE  EMPRESA MINERA DE RE INGRESAR A LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO. 

 

 

PRONUNCIAMIENTO

Última actualización en Martes, 16 Abril 2019 16:03

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Apurímac: Caso Las Bambas - Audiencia suspendida

SE SUSPENDIÓ LA AUDIENCIA DE INSTALACIÓN DE JUICIO ORAL
A FIN DE QUE NO SE VIOLENTE LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO
Y EL DERECHO DE DEFENSA
Caso Las Bambas: El Juzgado no había notificado a todos los procesados y la Fiscalía
estaba solicitando que se les declare reos contumaces

19.03.13 Audiencia Cotabambas DavidEl Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas - Tambobamba de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, programó para el 13 de marzo de 2019 la instalación e inicio de Audiencia de instalación e inicio de juicio oral, contra 19 campesinos, dirigentes y miembros de comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, quienes defendían derechos fundamentales de sus comunidades.

Los hechos, materia de este proceso, datan del año 2015 cuando el 25 de septiembre las comunidades de las provincias Grau y Cotabambas de la Región Apurímac, iniciaron un paro indefinido, principalmente, por no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero las Bambas exigiendo, además, que la empresa minera cumpla con los compromisos asumidos con sus comunidades. Este evento llegó a su punto más crítico el 28 de septiembre, cuando la represión policial produjo la muerte de 3 comuneros.

Entonces el Estado peruano y la empresa minera Minerals and Metals Group (MMG), denunciaron penalmente a los referidos campesinos en su afán de inmovilizarlos y parar las protestas, sin tener en cuenta que, conforme a los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, son defensores de derechos humanos. Después de más de 3 años de iniciado el proceso penal y de varias reprogramaciones imputables al Ministerio Público, la referida audiencia fue programada para este 13 de marzo, sin embargo, al momento de instalarse se verificó la inasistencia de tres procesados, ante lo cual el Ministerio Público solicitó que se les declare reos contumaces, ordenando su ubicación y captura. Ante ello FEDEPAZ solicitó que se verifique si todos los procesados habían sido notificados de acuerdo a ley, determinándose que no habían sido notificados.

Última actualización en Miércoles, 13 Marzo 2019 17:34

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Indulto Fujimori: ANULADO

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Triunfo de la justicia: se confirma que el indulto Fujimori es ilegal

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia confirmó hoy, la anulación del indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017. De esta manera, se corrobora que el llamado indulto humanitario se otorgó trasgrediendo el derecho de las víctimas y sus familiares.

Como se recuerda, Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión, por los crímenes de violación a los derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, siendo ilegalmente indultado mediante un procedimiento sumarísimo y cargado de irregularidades, cuando se encontraba cumpliendo su pena.

De esta manera, la sala penal conformada por los magistrados Salas Arenas, Chávez Mella y Neyra Flores, desestima los argumentos vertidos por la defensa de Fujimori y señala que los crímenes de violación a los derechos humanos, por su gravedad, obligan a los Estados garantizar el acceso a la justicia acorde a los estándares y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Asimismo, señala que el otorgamiento de indultos de carácter humanitario en casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, debería ser revisado previamente por el órgano que emitió la condena y la Corte Suprema de Justicia, evitando la trasgresión del derecho al acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. Por ello, sugiere que la Corte Suprema de Justica impulse una iniciativa legislativa que incorpore esta medida en nuestro ordenamiento legal.

Para las organizaciones que representamos a las víctimas como APRODEH, COMISEDH, FEDEPAZ, IDL y CEJIL, este es un triunfo judicial que marca historia y precedente en el derecho de los derechos humanos.

Queremos expresar nuestra admiración a las víctimas y sus familiares por su irreductible voluntad de luchar contra la injusticia y la impunidad en el Perú.

Lima y Washington, 13 de febrero de 2019

Última actualización en Jueves, 14 Febrero 2019 12:09

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