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Condenamos los asesinatos y atentados contra defensoras y defensores

Fedepaz condena el asesinato de Nelson Noé García y el intento de asesinato de Christian Mauricio Alegría, defensores de derechos humanos, de los pueblos indígenas y del ambiente en Honduras.

 Exigimos al Estado Hondureño que garantice la vida de los defensores de derechos humanos y no dilate más las acciones necesarias para implementar las medidas cautelares, ordenadas por la CIDH, para proteger sus vidas.

Desde FEDEPAZ expresamos nuestra condena y rechazo por el asesinato del compañero Nelson Noé García de COPINH de Honduras (la misma organización a la que pertenecía Berta Cáceres, defensora de los pueblos indígenas lamentablemente asesinada hace unos días).

Cabe resaltar que Nelson Noé García era integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y en horas de la mañana del día 15 de este mes fue asesinado en su domicilio, precisamente en circunstancias que acaba de retornar de la comunidad de Río Chiquito, lugar en que las fuerzas de seguridad hondureña habían llevado a cabo un desalojo de territorios ancestralmente ocupados por 150 familias del pueblo indígena Lenca de Honduras (Río Lindo, Cortés).

Asimismo, debemos denunciar y condenar el intento de asesinato del que ha sido víctima hace solo unas horas Christian Mauricio Alegría, miembro de la organización defensora de derechos humanos en Honduras llamada Vía Campesina, precisamente “… frente a las instalaciones de nuestra oficina en la colonia Alameda de Tegucigalpa, Honduras” como refiere Vía Campesina en su comunicación del 16 de marzo.[1]

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Honduras: Exigimos justicia y protección a defensores

HONDURAS SIN CAPACIDAD PARA GARANTIZAR LA VIDA DE LOS INTEGRANTES DEL COPINH, LA FAMILIA DE BERTA CÁCERES Y GUSTAVO CASTRO
Asesinan a otro miembro del COPINH - El riesgo que vive Gustavo Castro se incrementa
La Red Mexicana de Afectados por la Minería, repudia el asesinato del compañero Nelson García quien recibió 4 balazos en la cara en medio de un desalojo violento por parte de la policía militar en la comunidad de Río Chiquito, en el Departamento de Cortés.  Esto fue alertado hace unas horas en su página web por el Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización a la que pertenecía la compañera Berta Cáceres también asesinada el pasado 3 de marzo.
El asesinato del compañero Nelson García pone en alerta roja la ya grave situación del compañero Gustavo Castro Soto,  quien permanece protegido en la Embajada de México en Honduras.

Ante el asesinato de la defensora Berta Cáceres

FEDEPAZ EXIGE QUE SE SANCIONE A QUIENES DESDE EL ESTADO HONDUREÑO

INCUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES

PARA PROTEGER LA VIDA DE BERTA CÁCERES

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Desde FEDEPAZ expresamos nuestra condena y rechazo por el asesinato de la compañera Berta Cáceres, incansable y muy comprometida defensora de los derechos de los pueblos indígenas en Honduras, cuya notable labor le fue reconocida al otorgársele el Premio Internacional Goldman.

Una de sus más notables defensas de los derechos a la vida, a la tierra y al medio ambiente sano y equilibrado, fue la que libró junto al pueblo indígena Lenca ante la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca dentro de sus territorios ancestrales.

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Pronunciamiento: Demandamos al Estado Peruano atender los derrames de petróleo y sus impactos

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El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH  demanda al Estado Peruano atender los recientes derrames de petróleo del Oleoducto Nor Peruano y sus impactos en el medio ambiente y ciudadanos

El 25 de enero de 2016 se produjo un derrame de petróleo en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, producto de una rotura en el tramo II del Oleoducto Nor Peruano operado por Petroperú S.A. Se derramaron casi 2,000 barriles que por las lluvias se esparcieron por todo el río Chiriaco, que es un importante afluente del río Marañón, afectando a ocho comunidades Awajun y casi 5000 personas.

Un nuevo  derrame se produjo el 03 de febrero de 2016 en territorio de la comunidad Wampis de Muyuriaga en la cuenca del Morona, provincia del Datem del Marañón, departamento de Loreto. El petróleo derramado a los cuerpos de agua es de casi 1,000 barriles. Este derrame ha afectado a diez comunidades y casi 3500 personas.

Desde el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas exigimos que las entidades estatales competentes (OEFA y OSINERGMIN) emitan las medidas oportunas, tanto de remediación como de prevención y, de ser necesario, se inicie el proceso de fiscalización y sanción correspondiente. Aunque cabe indicar que cierta normativa emitida por el actual Congreso de la República, como la ley Nº 30230, ha reducido significativamente la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

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Continúan las investigaciones por delito de tortura en agravio de Marco Arana

Al declarar fundada la nulidad de la providencia que declaró consentida su disposición fiscal que había decidido archivar la investigación
 
Primera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo concede recurso de queja contra disposición que archiva investigación por delito de tortura en agravio de Marco Antonio Arana Zegarra
 

marco aranaLa Primera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, mediante Disposición No. 09-2015, de fecha de 30 de diciembre de 2015, resolvió conceder el Recurso de Queja (Apelación), planteado por la defensa del agraviado Marco Antonio Arana Zegarra, contra la Disposición, emitida por dicha Fiscalía, que ordenó archivar la investigación por delito de tortura y otro que se sigue contra del General PNP(r) Raúl Salazar Salazar, General PNP (r) Abel Gamarra Malpartida y otros.

Cabe resaltar que la Disposición de archivo fue indebidamente declarada consentida por la Providencia No. 01-2015 y como tal, en principio, el caso se declaró cerrado. Sin embargo, ante la solicitud de nulidad de dicha providencia fiscal emitida en violación a la ley (porque la defensa del agraviado no había sido notificada), la Fiscalía decidió declararla nula dejando sin efecto el consentimiento.

Al mismo tiempo, dispuso se notifique correctamente y se abrió el plazo para interponer el recurso de queja, el mismo que fue planteado y respecto del cual ha resuelto que se conceda y se eleve la carpeta fiscal (expediente) a la Fiscalía Superior Penal de Apelaciones para que resuelva, en última instancia, el recurso de queja que cuestiona la Disposición Fiscal de archivo de la investigación por ignorar que existen elementos de prueba y de juicio suficientes que demuestran que Marco Arana fue víctima de tortura.

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Fedepaz en Conversatorio sobre Criminalización de la Protesta y el Caso Majaz

Portada Libro Crim MajazEste 27 de noviembre, en la sede de Escuela para el Desarrollo tuvo lugar el Conversatorio sobre Criminalización de la Protesta y el Caso Majaz, a propósito de la reciente publicación de la sistematización de experiencia de litigio estratégico, desarrollada por Fedepaz en alianza con Oxfam. Este evento se realizó como actividad inaugural del curso Gestión de Conflictos sociales, del Diplomado Gestión del Cambio y Desarrollo Territorial de Escuela para el Desarrollo.

El panel estuvo conformado por David Velazco, Director de Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - Fedepaz; Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH; Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui y Miguel Lévano de Oxfam; con la moderación a cargo de Arnaldo Serna de Escuela para el Desarrollo. Los asistentes fueron alrededor de 20, fundamentalmente alumnas/os de dicho programa de estudios y algunos representantes de otras instituciones.

David Velazco inició la ronda de presentaciones con una síntesis de lo acontecido, desde el año 2003, en la Comunidad de Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba) y en la Comunidad de Yanta (provincia de Ayabaca), Región de Piura, donde se pretendía desarrollar el Proyecto Minero Río Blanco por la empresa Majaz S.A. (hoy llamada Río Blanco Copper S.A.) de propiedad de Monterrico Metals Plc del Reino Unido, la misma que, en el año 2007, fue adquirida por el consorcio Chino Zijin.

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Gobierno peruano busca reprimir la protesta social

Gobierno busca reprimir la protesta social aplicando figura legal de "asociación ilícita para delinquir", delito cuya pena puede ser superior a los 12 años.

DavidVelazcoRondon Fedepaz

Gobierno peruano impone ilegítimamente la figura legal de “asociación ilícita para delinquir” con el fin de contrarrestar las protestas sociales que surgen en el país que se oponen a proyectos extractivos. Así lo sostuvo David Velazco, abogado y director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ, durante la presentación del 17° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú - OCM, que presentan cada semestre las asociaciones CooperAcción, Fedepaz y Grufides.

Según explicó el abogado, la citada figura penal se viene aplicando contra personas o líderes sociales que se movilizan en el marco de la ley y que sienten que sus voces de reclamo no son escuchadas. “Lo que sucede es que ahora se está aplicando ilegítimamente (la figura de ‘asociación ilícita para delinquir’) para situaciones de conflictividad cuando antes no se hacía”, indicó.

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Supayaku y Naranjos retoman el diálogo a través de sus organizaciones ORFAC y ORASI

Tras la elección de nuevos dirigentes en Naranjos, el pueblo awajún de Cajamarca recupera la esperanza de volver a unirse por la defensa de sus territorios

Asamblea Yamakey-001Cajamarca.- El 16 de Octubre de 2015 tuvo lugar en la comunidad menor de Yamakey, anexo de la comunidad nativa de Supayaku, un encuentro entre Organización Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca – ORFAC, representantes de la comunidad de Supayaku; y la Organización Regional Aguaruna de San Ignacio – ORASI, representantes de la comunidad nativa de Naranjos.

Este encuentro resulta un gran acontecimiento para el pueblo awajún de Cajamarca, tras varios años de verse dividido a raíz de la decisión de los anteriores dirigentes de ORASI (miembros aún de la junta directiva de la comunidad de Naranjos), de firmar de manera inconsulta y arbitraria un convenio con la Empresa Minera Águila Dorada para realizar actividades de exploración en sus territorios, sin considerar el impacto negativo que esto produciría en el entorno compartido con su comunidad hermana de Supayaku, lo que trajo consigo una serie de hechos que están siendo investigados por la Fiscalía Provincial Mixta de Prevención del delito de San Ignacio, Cajamarca.

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