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Pronunciamiento: Demandamos al Estado Peruano atender los derrames de petróleo y sus impactos

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El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH  demanda al Estado Peruano atender los recientes derrames de petróleo del Oleoducto Nor Peruano y sus impactos en el medio ambiente y ciudadanos

El 25 de enero de 2016 se produjo un derrame de petróleo en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, producto de una rotura en el tramo II del Oleoducto Nor Peruano operado por Petroperú S.A. Se derramaron casi 2,000 barriles que por las lluvias se esparcieron por todo el río Chiriaco, que es un importante afluente del río Marañón, afectando a ocho comunidades Awajun y casi 5000 personas.

Un nuevo  derrame se produjo el 03 de febrero de 2016 en territorio de la comunidad Wampis de Muyuriaga en la cuenca del Morona, provincia del Datem del Marañón, departamento de Loreto. El petróleo derramado a los cuerpos de agua es de casi 1,000 barriles. Este derrame ha afectado a diez comunidades y casi 3500 personas.

Desde el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas exigimos que las entidades estatales competentes (OEFA y OSINERGMIN) emitan las medidas oportunas, tanto de remediación como de prevención y, de ser necesario, se inicie el proceso de fiscalización y sanción correspondiente. Aunque cabe indicar que cierta normativa emitida por el actual Congreso de la República, como la ley Nº 30230, ha reducido significativamente la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

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Continúan las investigaciones por delito de tortura en agravio de Marco Arana

Al declarar fundada la nulidad de la providencia que declaró consentida su disposición fiscal que había decidido archivar la investigación
 
Primera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo concede recurso de queja contra disposición que archiva investigación por delito de tortura en agravio de Marco Antonio Arana Zegarra
 

marco aranaLa Primera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, mediante Disposición No. 09-2015, de fecha de 30 de diciembre de 2015, resolvió conceder el Recurso de Queja (Apelación), planteado por la defensa del agraviado Marco Antonio Arana Zegarra, contra la Disposición, emitida por dicha Fiscalía, que ordenó archivar la investigación por delito de tortura y otro que se sigue contra del General PNP(r) Raúl Salazar Salazar, General PNP (r) Abel Gamarra Malpartida y otros.

Cabe resaltar que la Disposición de archivo fue indebidamente declarada consentida por la Providencia No. 01-2015 y como tal, en principio, el caso se declaró cerrado. Sin embargo, ante la solicitud de nulidad de dicha providencia fiscal emitida en violación a la ley (porque la defensa del agraviado no había sido notificada), la Fiscalía decidió declararla nula dejando sin efecto el consentimiento.

Al mismo tiempo, dispuso se notifique correctamente y se abrió el plazo para interponer el recurso de queja, el mismo que fue planteado y respecto del cual ha resuelto que se conceda y se eleve la carpeta fiscal (expediente) a la Fiscalía Superior Penal de Apelaciones para que resuelva, en última instancia, el recurso de queja que cuestiona la Disposición Fiscal de archivo de la investigación por ignorar que existen elementos de prueba y de juicio suficientes que demuestran que Marco Arana fue víctima de tortura.

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Gobierno peruano busca reprimir la protesta social

Gobierno busca reprimir la protesta social aplicando figura legal de "asociación ilícita para delinquir", delito cuya pena puede ser superior a los 12 años.

DavidVelazcoRondon Fedepaz

Gobierno peruano impone ilegítimamente la figura legal de “asociación ilícita para delinquir” con el fin de contrarrestar las protestas sociales que surgen en el país que se oponen a proyectos extractivos. Así lo sostuvo David Velazco, abogado y director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ, durante la presentación del 17° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú - OCM, que presentan cada semestre las asociaciones CooperAcción, Fedepaz y Grufides.

Según explicó el abogado, la citada figura penal se viene aplicando contra personas o líderes sociales que se movilizan en el marco de la ley y que sienten que sus voces de reclamo no son escuchadas. “Lo que sucede es que ahora se está aplicando ilegítimamente (la figura de ‘asociación ilícita para delinquir’) para situaciones de conflictividad cuando antes no se hacía”, indicó.

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Fedepaz en Conversatorio sobre Criminalización de la Protesta y el Caso Majaz

Portada Libro Crim MajazEste 27 de noviembre, en la sede de Escuela para el Desarrollo tuvo lugar el Conversatorio sobre Criminalización de la Protesta y el Caso Majaz, a propósito de la reciente publicación de la sistematización de experiencia de litigio estratégico, desarrollada por Fedepaz en alianza con Oxfam. Este evento se realizó como actividad inaugural del curso Gestión de Conflictos sociales, del Diplomado Gestión del Cambio y Desarrollo Territorial de Escuela para el Desarrollo.

El panel estuvo conformado por David Velazco, Director de Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - Fedepaz; Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH; Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la Red Muqui y Miguel Lévano de Oxfam; con la moderación a cargo de Arnaldo Serna de Escuela para el Desarrollo. Los asistentes fueron alrededor de 20, fundamentalmente alumnas/os de dicho programa de estudios y algunos representantes de otras instituciones.

David Velazco inició la ronda de presentaciones con una síntesis de lo acontecido, desde el año 2003, en la Comunidad de Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba) y en la Comunidad de Yanta (provincia de Ayabaca), Región de Piura, donde se pretendía desarrollar el Proyecto Minero Río Blanco por la empresa Majaz S.A. (hoy llamada Río Blanco Copper S.A.) de propiedad de Monterrico Metals Plc del Reino Unido, la misma que, en el año 2007, fue adquirida por el consorcio Chino Zijin.

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Supayaku y Naranjos retoman el diálogo a través de sus organizaciones ORFAC y ORASI

Tras la elección de nuevos dirigentes en Naranjos, el pueblo awajún de Cajamarca recupera la esperanza de volver a unirse por la defensa de sus territorios

Asamblea Yamakey-001Cajamarca.- El 16 de Octubre de 2015 tuvo lugar en la comunidad menor de Yamakey, anexo de la comunidad nativa de Supayaku, un encuentro entre Organización Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca – ORFAC, representantes de la comunidad de Supayaku; y la Organización Regional Aguaruna de San Ignacio – ORASI, representantes de la comunidad nativa de Naranjos.

Este encuentro resulta un gran acontecimiento para el pueblo awajún de Cajamarca, tras varios años de verse dividido a raíz de la decisión de los anteriores dirigentes de ORASI (miembros aún de la junta directiva de la comunidad de Naranjos), de firmar de manera inconsulta y arbitraria un convenio con la Empresa Minera Águila Dorada para realizar actividades de exploración en sus territorios, sin considerar el impacto negativo que esto produciría en el entorno compartido con su comunidad hermana de Supayaku, lo que trajo consigo una serie de hechos que están siendo investigados por la Fiscalía Provincial Mixta de Prevención del delito de San Ignacio, Cajamarca.

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LOTE 192. Ante la prepotencia del Estado, las comunidades insisten en el diálogo

LOTE 192. Ante la prepotencia del Estado, las comunidades insisten en el diálogo como mecanismo democrático para abordar este conflicto

Paralizacion Lote 192Una vez informadas las comunidades indígenas de la cuenca del Río Pastaza y Corrientes de la decisión unilateral del Estado de dar por finalizada la etapa de diálogo intercultural del proceso de Consulta, sus federaciones FEDIQUEP y FECONACO convocaron a asambleas y decidieron tomar medidas de protesta a fin que reencauzar la consulta previa y retomar el diálogo intercultural, solicitando la conformación de una comisión de alto nivel que tenga capacidad de decisión para ello.

 

En ese sentido, las comunidades indígenas han impugnado formalmente la decisión del Estado que da por concluida la etapa de diálogo en el proceso de consulta del Lote 192, contenida en el Oficio Nº 1518-2015-MEM/DGAAE que permite pasar a la etapa de decisión y aprueba la medida legislativa Decreto Supremo Nº 027-2015 EM en la que autoriza a Perúpetro suscribir el contrato con Pacific Stratus Energy del Perú S.A. para operar en el Lote 192. Impugnan su falta de validez legal, solicitan que se deje sin efecto dicha decisión y se reponga dicho proceso a la etapa de Diálogo Intercultural de acuerdo al Reglamento de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas (D.S. No. 001-2012-MC).

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Pronunciamiento de ORPIAN-P

Pronun OrpianP Set15

Socializamos el Pronunciamiento de nuestras hermanas y hermanos de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte del Perú ORPIAN-P.

Documento consensuado en su Décimo Segundo Congreso Extraordinario llevado e cabo en Chiriaco (Bagua, Amazonas) el pasado domingo 27 de septiembre de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra Ley 30230 en el limbo

DavidVelasco FedepazNota publicada en Servindi.

Demora injustificada. La demanda de inconstitucionalidad que organizaciones indígenas y de derechos humanos presentaron a inicios del mes de abril contra la Ley 30230, llamada también ley del “paquetazo antiambiental”, no ha sido admitida a la fecha por el Tribunal Constitucional (TC). 

Así lo dio a conocer David Velazco, abogado miembro de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).

Como se recuerda, dicha demanda presentada ante el TC, con el expediente 00012-2015-AI, se impuso con las firmas del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, la organización amazónica AIDESEP y organizaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y diversas asociaciones y articulaciones afiliadas como la Red Muqui, entre otras.

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