Comunidades awajún de Cajamarca

Fuente: Servindi

Los débiles argumentos del Minem en el caso Águila Dorada

Por Jonathan Hurtado

Servindi, 20 de mayo, 2016.- Las respuestas del Procurador Público del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sobre la pertinencia de la consulta previa en el caso del proyecto minero Yagku Entsa, al norte de la región Cajamarca, tomó por sorpresa a los presentes en el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la mañana del martes 17 de mayo.

En dicho tribunal se encontraban Rodolfo Akintui, presidente de la comunidad nativa de Supayacu, Albercio Bazán, presidente de la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), y el equipo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) encabezado por el abogado David Velazco.  

Supayacu había presentado una demanda de amparo para exigir la consulta previa del proyecto Yagku Entsa -de oro y cobre- a cargo de Exploraciones Mineras Águila Dorada S.A.C., empresa que ha reconocido como zona de influencia del proyecto solo a la comunidad de Naranjos, vecina de Supayacu en la provincia de San Ignacio.

Eso pese a que ambas se ubican relativamente cerca y tienen como límite natural el río Chirinos, en cuya cabecera de cuenca operó la empresa entre los años 2013 y 2015 como parte de su primera fase de actividades de exploración. 

"Nosotros compartimos el mismo río. Ahí en la parte de arriba es donde la empresa ha hecho el trabajo. Toda ese agua discurre y llega hasta nosotros. Entonces cómo ellos (la empresa y el Minem) dicen que no somos afectados", explica Albercio Bazan, quien agrega lo ocurrido el año 2014 con la muerte de peces como consecuencia, aparentemente, del vertido de sustancias tóxicas al río por la empresa. 

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Autoridades de Supayaku asisten a Audiencia Judicial por Demanda de Amparo contra proyecto minero

Autoridades de la Comunidad Nativa de Supayaku asistieron a la Audiencia Judicial en el 5° Juzgado Constitucional, por el proceso de Demanda de Amparo contra el Proyecto Minero ‘Yagku Entsa’ de Exploraciones Águila Dorada S.A.C.

Ingrid Sanca Vega 5A las 10 de la mañana del 17 de mayo de 2016 tuvo lugar, en la sede del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la Audiencia de Informe Oral para sustentar la demanda de amparo en relación a la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo awajún de Cajamarca, así como a la violación de su derecho a vivir en un territorio y medioambiente sano y equilibrado.

Asistieron, en primer lugar, la parte demandante integrada por los representantes de la comunidad nativa awajún de Supayaku, el Apu Rodolfo Akintui y el Presidente de ORFAC (Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca) Albercio Bazan, cuya defensa legal realizó el abogado David Velazco Rondón de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - Fedepaz. En segundo lugar, por la parte demandada, representado por el Procurador Público del  Ministerio de Energía y Minas.

La audiencia se inició con el pedido del Juez hacia el Presidente de ORFAC, para que sustente de hecho el porqué de la demanda. Albercio Bazan explicó que ellos decidieron demandar ante la extrema preocupación por la aparición de peces muertos en el Río Chirinos, uno de los afluentes de la cuenca hídrica del territorio del pueblo awajún de Cajamarca, límite natural entre sus dos comunidades Supayaku y Naranjos. Entre otros argumentos, Bazan añadió: “Nadie sabe lo que hemos pasado durante dos años, sin comer pescado, sin poder bañarnos, lavar, ni pescar en el río… lo que sienten nuestras madres y niños. Aquí tienen supermercado, nuestro mercado es el río.”

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Por homicidio y lesiones graves en agravio de campesinos de Segunda y Cajas (Huancabamba, Piura)

Al declarar fundada la oposición interpuesta por la defensa de las víctimas, contra la solicitud de archivo formulada por la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba,

LA SEGUNDA FISCALIA SUPERIOR PENAL DE PIURA ORDENA QUE SE FORMULE ACUSACIÓN CONTRA TRES EFECTIVOS POLICIALES, POR HOMICIDIO EN AGRAVIO DE DOS CAMPESINOS Y POR GRAVES LESIONES A OTROS CINCO CAMPESINOS

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura, mediante Disposición No. 33, ordenó rectificar el requerimiento de sobreseimiento (archivo) formulado por la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, disponiendo que se formule acusación fiscal contra los efectivos policiales Carlos Edilberto Rosales Ruiz, José Eligio Coba Requena y Edgar Eduardo Torres Guzmán por delito de homicidio en agravio de Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama y, que se formule acusación contra los mismos efectivos policiales por tentativa de homicidio en agravio de Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Guevara, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Rojas Togas y José Ramírez Guevara.

En efecto, el Fiscal Superior ha señalado en su disposición que: “De lo anterior se puede afirmar que sí existen elementos de convicción que ameritan la emisión de un requerimiento acusatorio … por lo tanto, los argumentos antes expuestos permiten afirmar que la decisión adoptada por el fiscal provincial no es la adecuada; por lo que corresponde rectificar la misma, correspondiendo remitir los actuados … a otro Despacho Fiscal para la formulación del requerimiento acusatorio correspondiente”.

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Pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

¡DESIGNACIÓN YA!

EXIGIMOS AL CONGRESO LA ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, MAGISTRADO DEL TC Y NUEVO CONTRALOR DE LA REPÚBLICA

Las organizaciones de la sociedad civil, ante la excesiva demora en el nombramiento del Defensor del Pueblo, la designación del reemplazo del magistrado Óscar Urviola del Tribunal Constitucional y el inminente término de las funciones del Contralor de la República, y teniendo en cuenta las circunstancias en el país, exigimos la elección de estas altas autoridades, por lo siguiente:

1.    El presidente del Congreso, Luis Iberico, ha convocado para el tres de mayo a reunión de la Junta de Portavoces, decisión que saludamos. Es la última oportunidad para que antes que culmine esta legislatura, este poder del Estado y las bancadas políticas cumplan con su responsabilidad constitucional y política en la designación de las autoridades encargadas de la defensa de los derechos humanos y el control del poder.

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