Se derogan decretos supremos que afectan derechos del pueblo de Tambogrande

En saludable y oportuna rectificación

El Gobierno deroga Decretos Supremos inconstitucionales que afectaban los derechos fundamentales de la población del distrito de Tambogrande en Piura

El día de hoy ha sido publicado el Decreto Supremo No. 001-2021-EM que deroga los Decretos Supremos Nos. 027-2020-EM y 028-2020-EM (publicados el 8 de diciembre de 2020) que declaraban de necesidad pública la inversión minera dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera, específicamente en el Valle de San Lorenzo, dentro del territorio del distrito de Tambogrande y en menor medida en el distrito de Las Lomas, en la región Piura.

Esto se hizo, tal como se señala en dichos decretos supremos derogados, para permitir que la empresa de capitales canadienses Nueva Arcoíris obtenga derechos mineros en esa zona de frontera, sin que existan razones reales de necesidad pública para ello y vulnerándose la prohibición expresa establecida en el artículo 71o de la Constitución Política del Perú.

Al mismo tiempo, con esta infundada declaratoria de necesidad pública y otorgamiento de derechos mineros, se vulneraban derechos fundamentales de las poblaciones ubicadas en los distritos de Tambogrande y Las Lomas (Valle de san Lorenzo) que tienen como actividad económica principal a la agricultura y a la exportación de productos agrícolas desarrolladas de manera exitosa y que ya antes habían rechazado el desarrollo de proyectos mineros en sus tierras.

En efecto, el 2 de junio de 2002, en la Primera Gran Consulta vecinal en Latinoamérica, el 98% de la población del distrito de Tambogrande le dijo NO A LA MINERÍA Y SÍ A LA AGRICULTURA, con lo cual quedó evidenciado que la población tambograndina había decidido continuar con su modelo de desarrollo socio-económico basado en la agricultura y en la agroexportación exitosa que había logrado desde hacía muchos años antes, como en el caso de la producción de mango y limón.

Sin embargo con los decretos supremos ahora derogados, el actual gobierno pretendió desconocer esta decisión libre, democrática e histórica en Latinoamérica del pueblo de Tambogrande, otorgando 20 derechos mineros a la empresa Arco Iris sobre el territorio del distrito (que abarcaban 16,300 hectáreas).

Frente a ello, la población del distrito de Tambogrande, encabezados por su actual Alcalde Distrital, Alfredo Rengifo, desde el mismo día de publicación de dichos decretos supremos cuestionados, expresó su firme oposición a esta decisión inconsulta del gobierno central y exigieron públicamente la inmediata derogatoria de los mismos, con marchas, pronunciamientos y en reuniones con la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de Energía y Minas y otras autoridades gubernamentales. 

Después de dichas entrevistas, Alfredo Rengifo señaló que había expresado, en nombre del pueblo de Tambogrande, que debía de rectificarse la decisión del gobierno central y derogar los decretos supremos en cuestión, para evitar una nueva situación de conflicto social, porque de no hacerse la población de Tambogrande iba a exigir en manifestaciones públicas (como ya lo venía haciendo) el respeto a la decisión asumida en la Consulta vecinal del 2 de junio de 2002. En ese sentido, trascendió que las autoridades del gobierno central se habían comprometido en revisar el tema hacia el día 20 de este mes de enero.

En este caso, felizmente, el gobierno atendiendo las demandas de la población de Tambogrande, en el cuarto párrafo del Decreto Supremo No. 001-2021-EM precisa: “ … la información complementaria y actualizada sobre la situación socio-económica en el distrito de Tambogrande ubicado en el departamento de Piura hace necesaria, en el marco de lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Política del Perú, la reevaluación de la necesidad pública que sustentó la emisión de los Decretos Supremos N° 027-2020-EM y N° 028-2020-EM …” y; en el quinto párrafo del mismo decreto supremo agrega que el otorgamiento de derechos para el aprovechamiento sostenible de los recurso naturales debe de realizarse en armonía  “… con el bien común …”, por lo que resuelve derogar los aquí citados decretos supremos.

En relación a ello, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, que acompañó la lucha del pueblo de Tambogrande y la realización de la Consulta Vecinal antes citada, en forma conjunta con otras organizaciones de defensa de los derechos humanos y del ambiente; expresa su satisfacción y saludo al pueblo de Tambogrande por mantenerse firme y unido en la defensa de su modelo de desarrollo socioeconómico, así como expresa su satisfacción por la oportuna rectificación del gobierno central, en consonancia con la necesidad de respetar la genuina, libre y democrática decisión del pueblo de Tambogrande. Asimismo, exige al gobierno mantener la misma actitud de respeto a las decisiones de las poblaciones en otros casos similares como en el Valle del Tambo (distrito de Cocachacra, Islay, Arequipa).

 

Lima, 21 de enero del 2021

 

Con el ruego de su difusión

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