GOBIERNO TIENE UNA POLÍTICA NEGATIVA AL SEGUIR MANTENIENDO LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA LEGÍTIMA

El 28° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú:

PRECISA QUE EL GOBIERNO TIENE UNA POLITICA NEGATIVA AL NO TENDER PUENTES DE DIALOGO Y OPTA POR EL CAMINO EQUIVOCADO DE SEGUIR MANTENIENDO LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA LEGITIMA

El día de hoy 21 de julio a las 12 pm se realizó la presentación del 28° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros, por Cooperación, Fedepaz y Grufides. El acto se llevó a cabo, según lo programado, mediante una transmisión en vivo por la plataforma de Wayka, expectante al panorama sociopolítico relacionado con la minería, el ambiente y la conflictividad social. Esta presentación se dio en el contexto de que estos últimos meses hubo un incremento de la conflictividad social respecto de la cual, la Defensoría del Pueblo ha registrado, a junio del 2021, 125 conflictos que tienen un origen socio ambiental (64.0% de ellos vinculados a actividades extractivas mineras) 1

Por Grufides inició el evento Mirtha Villanueva, compartió una exposición sobre la cartera de proyectos mineros en la región de Cajamarca, respecto a conflictos por expansiones mineras, conflictos por la minera formal e informal, impactos ambientales y otros conflictos como problemas de salud. Haciendo mención que en el caso del proyecto minero Yanacocha “Tiene veintiún años en la región de Cajamarca y continua su ampliación en la parte alta porque están en cabecera de cuenta además de tener proyectado seguir continuando hasta el 2040”.

A su turno José de Echave, en representación de CooperAcccion compartió sus expectativas con el cambio de gobierno, mencionado que “es un contexto para la minería muy particular” ya que el aumento del precio de los minerales como, por ejemplo, el cobre, ha sido de manera significativa. A su vez menciono que desde la OCM se considera que los conflictos que el Perú ha vivido por la minería, son conflictos multidimensionales eco – territoriales, culturales y ambientales. Para continuar siguió exponiendo acerca de la situación de los trabajadores mineros en medio de la pandemia haciendo mención de los niveles de contagio por Covid – 19 a los que se vieron vulnerados por realizar jornadas laborales atípicas, en donde el 70% de los trabajadores no tienen una relación directa con las empresas mineras, viendo la agenda laboral con preocupación.

Por su parte Pedro Francke, dentro de su intervención hizo mención de como el Estado ve el tema de la conflictividad social priorizando las acciones policiales y no el diálogo

Por Fedepaz intervino David Velazco, quien reiteró que para el Observatorio de Conflictos Mineros era de fundamental importancia realizar una observación respecto a la negativa del estado peruano en tender puentes de dialogo que busquen resolver situaciones de conflictividad social hacia las demandas de respeto a los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades que vienen siendo afectados por actividad de minería extractiva. Al respecto de la criminalización de la protesta hizo mención que el estado peruano continúa priorizando una solución fáctica llevando a la policía y las FF. AA para reprimir las protestas legitimas que realizan las defensoras y los defensores de derechos humanos.

Por consiguiente, esta represión a la protesta viene acompañada de la instrumentalización del derecho penal, en la mayoría de los casos, para acusar injustamente a quienes se oponen a las decisiones gubernamentales que afectan sus derechos fundamentales.

Señaló que gran parte de los territorios bajo concesiones para actividades mineras se han dado otorgado sin ninguna acción de consulta previa hacia las comunidades directamente afectadas, haciendo mención que en Piura el 24% del territorio se encuentra concesionado, como ejemplo de que gran parten del territorio nacional se encuentra con concesiones mineras. En esta ocasión precisó, también como ejemplo que en enero de este año en el distrito de Tambogrande, región de Piura, el estado peruano otorgó 21 concesiones a la empresa canadiense Nuevo Arcoiris SAC. sin tener en cuenta una consulta previa que se le hizo a la población durante el año 2002, en donde mediante un referéndum el 97% de la población voto, para que su territorio sea utilizado para actividades de agricultura y ganadería, mas no para minería.

Señalando que “el estado sigue con una política de autorizar o de permitir actividad extractiva minera, por ejemplo, sin ningún tipo de control, fiscalización ni prevención en relación a lo que sería ordenar el territorio en los lugares en donde tiene que haber agricultura, ganadería, etc.”.

Finalmente, la congresista Ruth Luque, mencionó que se espera generar un nivel de dialogo sobre las reparaciones, a defensoras y defensores de derechos humanos afectados por represiones en contextos de protesta social: ya que éstas ocasionan secuelas como la discapacidad, como familias que no han sido atendidas, etc., lo que constituye una deuda que a la fecha el Estado tiene que atender, y que se está trabajando en una ley de reparación para las víctimas de los conflictos sociales.

Lima, 21 de julio de 2021

1 https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-208-junio- 2021.pdf consultado el 21 de Julio del 2021.

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