Piura: Comunidades y rondas campesinas vigilan y conservan su territorio

NOTA DE PRENSA

Las comunidades y rondas campesinas de Huancabamba fortalecen sus capacidades de participación y vigilancia para la defensa de su territorio

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El domingo 8 de julio de 2018, representantes de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas y de las Rondas Campesinas de Huancabamba (Piura, Perú) se reunieron con el equipo de Fedepaz. con el objetivo de analizar el contexto local respecto de las concesiones mineras en sus territorios; identificar aspectos claves sobre los cuales ejercer vigilancia ciudadana; y discutir sobre posibles alternativas de desarrollo desde sus propias comunidades.

Para un análisis certero de las concesiones mineras en la zona, el equipo de Fedepaz utilizó mapas actualizados de concesiones mineras a nivel de la región Piura, de la provincia de Huancabamba y del distrito de Carmen de la Frontera, al que pertenece la C.C. Segunda y Cajas. Estos mapas técnicos, elaborados por Cooperación en base a datos oficiales de INGENMET[1], muestran que el22.9% del territorio de la región Piura está concesionado al sector minero; en la provincia Huancabamba está comprometido el 6.54% y en el distrito Carmen de la Frontera el 22.1%, para los mismos fines.

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Piura: Rondas Campesinas se pronuncian frente a estrategias de Río Blanco Copper

PRONUNCIAMIENTO

Pronunciamiento RondasA las autoridades del gobierno central, regional de Piura, provincial de Huancabamba y distrital de Carmen de la Frontera, a las instituciones públicas que resguardan la protección de los derechos de las comunidades originarias y ancestrales del Perú; así como a los medios de comunicación regional de Piura y nacional radial, televisiva y de prensa escrita.

A todos ellos, las organizaciones de base de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Huancabamba, nos dirigimos para expresar que en asamblea de autoridades comunales y ronderiles, el domingo 8 de julio de 2018 en la Casa de las Rondas Campesinas de Huancabamba, acordamos expresar lo siguiente:

  1. Las comunidades y rondas campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) se reafirman en lo expresado en la Consulta Vecinal del 2007 y en las distintas manifestaciones públicas y pacíficas realizadas desde entonces, en rechazo rotundo a la actividad minera y en favor de un tipo de desarrollo basado en la actividad agrícola, ganadera y de turismo sostenible.
  1. Rechazamos las estrategias que la empresa minera Río Blanco Copper viene empleando para conseguir la licencia social, que claramente ha sido negada por nuestras comunidades. Entre ellas tenemos la conformación de organizaciones con supuestos fines de dialogar o proponer proyectos de desarrollo en esta región; la infiltración en nuestras organizaciones para generar conflictos y divisionismo; o la recolección de firmas a cambio de dádivas o dinero a través de sus promotores.
  2. Rechazamos que la Universidad Nacional de Piura haya firmado un convenio de cooperación institucional con la empresa minera Río Blanco Copper, con supuestos fines de capacitación juvenil en Ayabaca y Huancabamba; sin tomar en cuenta que se trata de una empresa cuyo actuar ha dejado un saldo 10 personas muertas, personas discapacitadas, viudas y huérfanas; y la desconfianza sembrada en nuestras organizaciones a raíz de sus intentos de convencimiento.
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Corte IDH respalda a las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el cumplimiento de sentencia en los casos Barrios Altos y Cantuta

IMG 20180615 WA0029A través de una Resolución y en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha declarado que el Estado peruano no ha cumplido con la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, determinadas en las referidas sentencias que la misma emitió.

Asimismo, señala que deben ser los órganos judiciales peruanos quienes ejerzan, en primer lugar, el control jurisdiccional de la Resolución Suprema por la cual, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, concedió el indulto a Alberto Fujimori el pasado diciembre de 2017. Para ello ha establecido un plazo que va hasta el 29 de octubre del presente año, fecha en que el Estado peruano deberá informar sobre los avances en el cumplimiento de la Resolución que acaba de expedir. Solo después de eso y, si resulta necesario, la Corte IDH resolverá.

Como señaló David Velazco, director de Fedepaz, en la reciente conferencia de prensa que dieron los familiares de las víctimas y sus representantes legales, esta Resolución marca la pauta a seguir, señalando los aspectos esenciales que debieron sustentar la concesión del indulto, principalmente, si se tuvieron en cuenta, además de los informes médicos reales, los efectos sociales y la opinión de las víctimas.

Asimismo, señaló que los órganos jurisdiccionales peruanos tendrán que ser acuciosos en revisar el cumplimiento de una parte considerable de la pena (Fujimori ha cumplido sólo con 10 de los 25 años de pena de cárcel); del pago reparación civil (Fujimori no ha cumplido con dicho pago); y de la conducta del condenado respecto a admitir la gravedad de su delito o mostrar arrepentimiento, cosa que Fujimori no ha mostrado en ningún momento.

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Pronunciamiento de las organizaciones de derechos humanos del PerúPronunciamiento de las organizaciones de derechos humanos del Perú

Corte Interamericana respalda a víctimas ante indulto otorgado a Alberto Fujimori

Pronunciamiento de las organizaciones de derechos humanos del PerúPronunciamiento de las organizaciones de derechos humanos del Perú

IMG 20180615 WA0018Washington, D.C.  y Lima, 15 de junio, 2018.- Organizaciones internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil peruana saludamos la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que determina que el indulto otorgado al expresidente peruano Alberto Fujimori no cumple con las obligaciones internacionales del Perú.

En particular, el Tribunal interamericano se pronunció sobre el deber de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en los casos de Barrios Altos y La Cantuta; y determinó que los órganos jurisdiccionales peruanos tendrán que evaluar de manera pronta la concesión del indulto e informar a la Corte IDH sobre dicho resultado.

La resolución, conocida el día de hoy, dispone que la aplicación del “indulto por razones humanitarias” a Fujimori constituye un obstáculo para el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos cometidas en ambos casos y produce una afectación innecesaria y desproporcionada al derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

Asimismo, la Corte señaló que existían serios cuestionamientos relativos a los requisitos jurídicos y el contexto bajo el cual se otorgó el indulto. El Tribunal estableció que la decisión que otorgó el beneficio al ex dictador Fujimori carece de muchas de las explicaciones que eran necesarias para justificarlo. Asimismo, indicó que su solicitud y su posterior otorgamiento se dieron en medio de un contexto de crisis política generada en diciembre de 2017 cuando se inició un proceso de vacancia por supuestos actos de corrupción contra el entonces Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

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